¿Y ahora qué? Preguntas y respuestas sobre la reforma del 'sí es sí'

La Mesa del Congreso, el órgano rector de la Cámara baja, acordó tramitar esta reforma por la vía de urgencia, por lo que los plazos se acortan a la mitad. Con un amplio apoyo de 231 síes, el texto ya se ha remitido a la Comisión de Igualdad, presidida por la socialista Carmen Calvo y donde la proposición se presentará para ser debatida.

También se ha abierto el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, aunque no se admitirán de totalidad de devolución, es decir, que propongan un texto alternativo. En esta fase, los distintos partidos podrían llegar a un acuerdo para modificar los aspectos que han provocado el conflicto de fondo en el seno de la coalición.

Después de pasar por la comisión, la proposición deberá volver a debatirse en el Pleno, donde se votan todas las enmiendas, y por último, se vota la ley en su totalidad, que debe alcanzar la mayoría simple. De momento aún queda esperar a ver como se alargan las distintas fases para tener una fecha concreta.

Finalmente, la reforma, si sale adelante, llegará al Senado. Esta cámara tiene un plazo de hasta dos meses en el que, además de proponer enmiendas, puede vetar una ley, para lo cual se necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de senadores (la mitad más uno). Para introducir enmiendas sólo hace falta obtener mayoría simple (es decir, más votos a favor que en contra). Si los senadores deciden ratificar la iniciativa tal cual viene del Congreso –de manera que quedará aprobado definitivamente– deberá registrarse una mayoría simple.

El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos aún es posible, aunque a tenor del tono usado por los representantes de ambos partidos, con acusaciones cruzadas de mentir, es poco probable. La orden de reformar la norma la dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las negociaciones se iniciaron el pasado 8 de diciembre entre los Ministerios de Justicia e Igualdad, dirigidos por Pilar Llop e Irene Montero, respectivamente. Desde entonces, los socialistas han mantenido su plan mientras que los morados han presentado, según afirman, hasta siete propuestas. Todas ellas rechazadas.

Ante la falta de acuerdo, los socialistas optaron por registrar el 6 de febrero su proposición sin la firma de Unidas Podemos. El texto del PSOE contempla crear dos subtipos para el delito de agresión: la violencia y la intimidación. Así, subirán las penas en todos los supuestos de agresiones sexuales que se hayan cometido con violencia o intimidación. Un extremo que para los morados supone «una vuelta al Código Penal de la Manada» y «la primera pérdida de derechos de la legislatura», como afirmó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, este miércoles. En la formación morada se muestran pesimistas ante la posibiliad de hacer rectificar a su socio, mientras Ferraz tiene la intención, como han manifestado, de «llegar hasta el final» con su propuesta.

Transcurridos treinta días sin que el Gobierno hubiera negado expresamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración.

La proposición seguirá el trámite previsto para los proyectos de ley, correspondiendo a uno de los proponentes o a un Diputado del Grupo autor de la iniciativa la presentación de la misma ante el Pleno.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con datos ofrecidos el pasado 2 de marzo, se han rebajado las penas de 721 a delincuentes sexuales y se han producido 74 excarcelaciones, un extremo que desde Ferraz califican como «efectos indeseados».