El precio de que el Congreso no se convierta en una torre de Babel

La implementación de esta infraestructura lingüística en un contexto donde el castellano prevalece en la comunicación en las Cortes no ha evitado una actividad legislativa al ralentí el primer año de legislatura y sí ha generado controversia política y económica. La primera quedó retratada en una montaña de pinganillos en el escaño de Pedro Sánchez cuando los diputados de Vox abandonaron el pleno, en señal de protesta, tras las primeras palabras en gallego pronunciadas desde la tribuna de oradores. La segunda ha avivado el debate sobre cómo se usan los fondos estatales para este fin.   

A diferencia de otros trabajadores como los ujieres –que sí forman parte del cuerpo de la Cámara–, los intérpretes son autónomos contratados para cada trabajo concreto y ni siquiera se encuentran físicamente en el hemiciclo. Cada profesional tiene una tarifa diferente. De media, se calcula que cada uno puede cobrar aproximadamente unos 100 euros la hora.

Para cubrir los servicios de traducción e interpretación, el Congreso ha troceado sistemáticamente las adjudicaciones –siempre con un valor inferior a 15.000 euros sin IVA de acuerdo a la ley de contratos del sector público cuando se trata de servicios–. Un recurso cuestionado por su opacidad y que permite la asignación a dedo, con el que la Administración ha ido salvando hasta la fecha el requisito de someter a concurso público estas contrataciones.

Según los datos recopilados del portal de Transparencia del Congreso, en el último trimestre del año pasado el Legislativo provisionó, solo en concepto de interpretación, 105 contratos menores por valor de 38.000 euros. Ya en 2024, en el que el uso de las lenguas cooficiales se ha extendido también a las comisiones, se han concedido 208 contratos menores en concepto de interpretación y traducción con un importe total de 352.732. Todos los importes que desglosa la web sí incluyen el IVA.

La suma de estos servicios en nueve meses –el último trimestre de 2023 y los dos primeros de 2024, últimos disponibles– asciende a 390.812 euros. Una cuantía que sumada al alquiler, compra y mejora de todos los medios técnicos necesarios para equiparar el Parlamento español a otras cámaras plurilingües como la belga, la suiza o la canadiense, multiplican la factura.

A estos números hay que añadir la compra de auriculares a través de cuatro contratos menores que suman 9.108 euros en los nueve meses analizados. La Cámara ya contaba con 200, pero aumentó el aprovisionamiento para asegurar el material además de a los diputados, a taquígrafas, letrados, periodistas y el público que ocupa la tribuna de invitados. Pero los auriculares, recuerdan desde el Congreso, no solo sirven para el catalán, gallego y el euskera, también se utilizan para la traducción de otros idiomas en las visitas de figuras internacionales a la Cámara. La última, la del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en mayo.

Por otro lado, entre septiembre y diciembre de 2023 el Congreso destinó más de 45.900 euros en alquiler del equipamiento de traducción simultánea a través de un contrato que se incluye dentro de los gastos de la empresa a cargo del mantenimiento. La Junta de Contratación de Congreso acordó en marzo el procedimiento abierto y pliegos del contrato sobre el uso de lenguas cooficiales que centralizará todos estos servicios en una única empresa. El anuncio salió publicado en el BOE el 10 de abril, pero todavía no se ha adjudicado.

Fuentes del departamento de Comunicación del Congreso se limitan a apuntar que se resolverá «próximamente», sin marcar plazos. Se trata de un contrato por un máximo de 12,5 millones de euros hasta 2027. El contrato se divide, según consta en los pliegos, en cuatro lotes: traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo.

En el Senado, con mayoría absoluta del PP, ya se ejecutó una concesión similar en marzo por un valor de dos millones de euros por servicios de interpretación simultánea remota y posterior transcripción de las intervenciones realizadas en euskera, catalán, gallego y valenciano durante las sesiones parlamentarias de la Cámara alta.