Los problemas de Alvise Pérez con la justicia –la Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado viernes tres denuncias contra el chiringuito financiero cuyo fundador, Álvaro Romillo, entregó al eurodiputado 100.000 euros en metálico en plena campaña para las elecciones al Parlamento de Estrasburgo– ... han hecho decrecer el temor que se instaló en las filas de PP y, sobre todo, de Vox tras los comicios comunitarios del pasado 9 de junio. En ellas, el agitador consiguió tres escaños y 800.000 votos en su primera incursión política con su recién creada plataforma Se Acabó la Fiesta (SALF), erigiéndose en rival de las derechas y pescando también en otros caladeros.
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El efecto de las continuas denuncias y condenas a Alvise por difundir bulos hasta ahora ha sido limitado, pero esta vez en las sedes de Génova y Bambú creen que las últimas noticias sitúan al europarlamentario –él mismo admitió en un vídeo a sus seguidores haber cobrado los 100.000 euros en metálico por un «trabajo» sin especificar y en «legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado»– ante un horizonte judicial «muy complicado».
Los de Alberto Núñez Feijóo siempre han tratado de minimizar el impacto que SALF puede tener contra los intereses electorales del PP. La dirección de los populares entiende que a quien perjudica en mayor medida su irrupción en el tablero político es a Vox. Pero la posibilidad de una nueva fragmentación de la derecha en tres marcas electorales de cara a las próximas generales sí podía constituir un quebradero de cabeza para Génova, tanto por la eventual dispersión del voto como por el perfil de un Alvise Pérez de difícil adscripción. Fuentes populares inciden en que el «crédito» electoral del agitador se verá «perjudicado» y ponen el foco en que las banderas ondeadas por él para levantar su proyecto político, con promesas como la persecución contra la corrupción, ahora se le vuelven en contra.
A diferencia de lo ocurrido con el PP, la relacióndel fundador de SALF con los de Santiago Abascal sí que arrojó alguna posibilidad de entendimiento tras las elecciones europeas. Alvise Pérez se movió en círculos voxistas en el pasado y simpatizó con la causa que defendía el partido. Razón por la cual la mayoría de votos que recibió el 9-J fueron en detrimento de Vox. Abascal, consciente de ello, mandó un mensaje de colaboración tras aquella cita electoral, pero todos los acontecimientos posteriores han hecho desaparecer cualquier atisbo de aproximación.
Aunque el líder de la derecha radical había apostado hasta el momento por evitar el choque público pese a las «provocaciones» –apuntan desde Vox– sufridas desde el primer minuto, el hecho de que Alvise insinuase que Abascal había mantenido también contactos con Madeira Invest Club –el chiringuito bajo investigación por presunta estafa piramidal– y había recibido dinero del negocio de criptomonedas por el que él mismo está investigado hizo estallar a Abascal, quien anunció ese mismo día que su partido presentaría una querella por difamación y calumnias contra el impulsor de SALF, aunque todavía no ha sido presentada. Entienden en Bambú 12 –donde tildan de «delirante» el vídeo con las explicaciones que el dirigente publicó en su canal de Telegram para defenderse ante sus seguidores– que lo que intenta Alvise es tapar su propio escándalo.
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La irrupción de SALF también fue aprovechada por Pedro Sánchez, el líder político que más veces nombró al agitador durante la campaña del 9-J y al que, tras obtener representación en Bruselas, trató de meter en el mismo saco que a Feijóo y Abascal. Fuentes populares y de Vox coinciden en que, en el caso de que el proceso de descomposición del proyecto del activista se acelere como consecuencia del frente judicial que tiene por delante, el presidente del Gobierno perdería uno de los argumentos en los que ha basado su discurso contra la oposición los últimos meses.
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