El PP vela armas para trabar la amnistía en el Senado con el ariete de la igualdad

La legislatura que echó a andar con la reelección de Sánchez en noviembre no ha tenido paz para el Gobierno, tan maniatada desde el comienzo por las exigencias singularmente de Junts que estuvo a punto de embarrancar a las primeras de cambio con la traumática votación, salvada sobre la bocina y gracias a nuevas concesiones, de los reales decretos leyes con medidas sociales. Pero la zozobra que rodea al Ejecutivo no ha impedido que su oposición haya cometido errores no forzados como la propuesta, en el contexto del debate de la amnistía, para disolver partidos que promuevan y convoquen referendos separatistas que Feijóo ha guardado en el cajón; o, esta misma semana, y cuando el foco volvía a recaer sobre los socialistas por el blindaje de Puigdemont para que la causa que pesa sobre él por presunto terrorismo no impida su exculpación, con el desliz de Esteban González Pons tildando al actual Tribunal Constitucional de «cáncer del Estado de derecho».

Este martes, el pulso cubrirá otro hito con la aprobación en el Congreso de la norma que diluye los delitos atribuidos al 'procés', que quedará encaminada al Senado donde el PP la aguarda velando armas para desplegar los mecanismos legales a su alcance a fin de trabarla –«No vamos a dejar de pelear», constata un diputado del partido– y desfigurarla. Si el TC no anula, tras el recurso del PSOE, y con celeridad la reforma sobre la marcha de los populares del Reglamento de la Cámara alta, estos dispondrán de al menos dos meses para ralentizar la tramitación exprés de la ley que pretendía el Gobierno; para complicarle un poco más la vida al Ejecutivo, que ve cómo la tormenta no escampa mientras debe afrontar ya el vía crucis de los Presupuestos; y para aplicar el rodillo de su mayoría absoluta dejando el texto resultante irreconocible. Será un veto testimonial, porque la amnistía retornará al Congreso para su refrendo definitivo. Pero el PP confía en que ese interregno intensifique la erosión del Gobierno, persuadido de que la guerra narrativa la va ganando por el flanco de la denuncia de la desigualdad a la que abocarían los pactos de Sánchez.

«Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer en el Congreso ante este disparate», describe el diputado antes citado sobre una tramitación de la ley que se le ha atragantado al Gobierno en la negociación de las enmiendas, ante la presión de Junts y ERC para tratar de garantizar que el paraguas cubre totalmente a Puigdemont, la dirigente republicana Marta Rovira, el resto de imputados en la causa contra Tsunami Democràtic por terrorismo y los CDR bajo la misma acusación. En Génova interpretan que el partido ha logrado asentar en este breve período de legislatura que el riesgo deriva no solo del olvido de los delitos del 'procés', sino de una transformación más profunda que descompone la España de los ciudadanos iguales y de los equilibrios autonómicos.

«El marco es ya más amplio que la amnistía», argumentan en el equipo de Feijóo, que cita el calvario sufrido por Sánchez para sacar adelante sus decretos como la descripción precisa de un presidente «convertido en el delegado del Gobierno de Junts» y de que la legislatura discurre en «una 'foto finish'» permanente; una 'foto finish' que el líder socialista «paga cada vez a un precio más alto» inoculando desequilibrios ciudadanos y territoriales para beneficiar a Cataluña.

Esa denuncia alentó ayer la firma por los 3.361 alcaldes que encarnan el poderío local del PP de un manifiesto en el que cierran filas para aplicar «todos los recursos políticos y jurídicos» contra la amnistía, reprueban que la ley dé a entender que existe un «terrorismo bueno» y reivindican «la igualdad» frente a las concesiones a los secesionistas, el leit-motiv que hilará las intervenciones en la manifestación de hoy en la madrileña Plaza de España que los populares confían en que vuelva a reunir a miles de personas. El objetivo declarado es que Sánchez solo pueda sentirse cómodo dentro de la Moncloa.