El PP sitúa el Senado como dique contra la amnistía con plante del PSOE

Una maniobra con la que los de Alberto Núñez Feijóo buscaban poner en un brete a los barones socialistas en un intento de evidenciar las contradicciones del PSOE en torno a la amnistía que exigen Junts y ERC para dar su apoyo a la investidura –sobre todo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se ha mostrado crítico con esta negociación de Sánchez–. Pero también exhibir músculo con la resistencia de sus once mandatarios autonómicos a hacer borrón y cuenta nueva para los líderes soberanistas que declararon la independencia de Cataluña en 2017 o que participaron en delitos ya juzgados para intentar conseguir la secesión.

Génova lleva tiempo insistiendo en que los dirigentes territoriales socialistas «tienen mucho que decir» sobre la voluntad de su jefe de filas de hacer realidad las exigencias de los independentistas catalanes «con tal de mantenerse sentado en la Moncloa» a pesar de haber perdido las elecciones. «A todos los que quieren romper España le está dando sus aspiraciones y cumpliendo con sus objetivos», criticó este domingo el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

El Reglamento del Senado, sin embargo, recoge que no existe la obligación de que los presidentes autonómicos acudan a la cita pudiendo delegar su asistencia en otros representantes. García-Page, muy crítico también con la «instrumentalización» que el PP hace, en su opinión, de la Cámara dará plantón a la comisión arguyendo incompatibilidades de agenda. Ese mismo día las Cortes de Castilla-La Mancha celebran un pleno que el mandatario, señalan desde su entorno, no quiere eludir.

«El Constitucional tendría que suspender lo que se tramite de amnistía antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentándose a las elecciones catalanas y que luego pudiera venir una sentencia del TC en contra serían absolutamente inconmensurables», dijo el barón socialista hace apenas unas semanas sobre los planes del Gobierno de aprobar una ley de amnistía.

La presidenta navarra, María Chivite, tampoco acudirá a la cita en la Cámara alta al tener también pleno ese día. «La carga de trabajo es muy importante y no vamos a participar en estrategias políticas de desgaste», justifican su ausencia desde su Ejecutivo. A Adrián Barbón la cumbre autonómica le coindide con la entrega de los Premios Princesa de Asturias. «Mi compromiso –escribió en redes sociales tras conocer la fecha– está en mi tierra».

El lehendakari Urkullu, que regresa el miércoles de un viaje por Japón, ha anunciado también que no participará de la «campaña de interés político» que ha promovido el PP y cuando su postura sobre la medida de gracia es diametralmente opuesta a la del partido conservador. Es una cuestión «política», defiende el dirigente vasco, que no debería «judicializarse».

Mientras el acuerdo con los independentistas catalanes termina de aterrizar, los populares prometen obstaculizar la amnistía por todos los medios legítimos a su alcance y van a pisar el acelerador legislativo en el Senado y desde los parlamentos autonómicos para plantar batalla a Sánchez. Los de Feijóo han anunciado, además, que de aprobarse finalmente la ley la llevarán al Tribunal Constitucional. El PP es el único grupo parlamentario además del propio PSOE, con más de 50 diputados en el Congreso y 50 en el Senado, el mínimo exigido para recurrir la constitucionalidad de una norma.