El PP se resitúa en la incertidumbre y vela armas para obstaculizar la amnistía

Si el período que se ha abierto entre la investidura fracasada de Feijóo, la confirmación por Sánchez de que está negociando ya la suya y el tictac hacia el 27 de noviembre -fecha límite para que haya presidente o nuevas elecciones- representa una desafiante cuenta atrás para el candidato del PSOE, tampoco resulta sencillo de administrar para el PP. Los populares saludaron con alivio que su líder saliera bien parado del debate sobre sus frustradas opciones de gobernar -«Se logró todo el botín posible» dadas las circunstancias, se congratulan en Génova-; también que el escrutinio público recaiga ahora sobre Sánchez, al que Feijóo tentó a salir del silencio de su escaño, sin éxito, en el pleno de investidura y al que piensa interpelar, día sí y sí también, para intentar que dé explicaciones «en tiempo real» de lo que está negociando con los independentistas. Y si el aludido, que ha anticipado que las ofrecerá «con transparencia» solo cuando el eventual acuerdo esté armado, no lo hace, el partido martilleará con eso, con la denuncia de «la clandestinidad». Pero en un trance en el que, además, vuelven a aflorar las especulaciones sobre cambios en la cúpula para solventar las disfunciones entre los papeles de Cuca Gamarra, Miguel Tellado y Elías Bendodo, el PP también precisa resituarse para gestionar esa misma incertidumbre.

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Feijóo camina sobre el alambre argumental que supone asumir, por una parte, que puede acabar quedándose como jefe de la oposición y, por otro, que a Sánchez no le salga la jugada esta vez. Descartado que el partido vaya a abstenerse para favorecer la investidura de su rival a fin de que la suerte del país no dependa de los secesionistas, su presidente ha optado por golpear el clavo en la pared de que lo mejor en este escenario, y dado que los socialistas no llevaban la amnistía en su programa, es volver a las urnas; aun a riesgo de que no acabe siendo así o de que los resultados pudieran volver a estar ajustados. Pero quien deshoja la margarita, no solo para Sánchez sino también para Feijóo, es Puigdemont. Y en el ínterin, los populares han activado su estrategia, política y en la calle, y a sus servicios jurídicos para entorpecer la amnistía.

El martes, el PP hizo valer su hegemonía en el Senado para sacar adelante la moción contra la medida que se va aprobando también en parlamentos autonómicos como los de Andalucía y Madrid y, a modo de goteo, en ayuntamientos a lo largo y ancho del país; todo a la espera de la comparecencia que los populares quieren forzar en la Cámara baja de los tres presidentes regionales que conserva el PSOE: el castellanomanchego Emiliano García-Page, la navarra María Chivite y el asturiano Adrián Barbón. Una ofensiva destinada a intentar agrietar las filas socialistas que aguarda, para intensificarse, a que cristalice o no la ley de amnistía.

Los populares disponen de veinte días en el Senado para refrenar la norma si esta se tramitara por la vía rápida antes de la investidura, un plazo que se va extinguiendo y que, en todo caso, Génova duda que vaya a condicionar a Puigdemont, pese a sus demandas de partida, si opta por apurar sus opciones negociadoras. El PP actuará en función de si se consuma la amnistía y cómo. Sus diputados y senadores -basta con 50 en cada caso- estarían habilitados para presentar un recurso de inconstitucionalidad; como también lo estarían sus gobiernos regionales y los parlamentos donde tiene mayoría, pero con la salvaguarda, según la ley del Constitucional, de que las normas objeto de impugnación afecten «a su propio ámbito de autonomía».