El PP registra ante la Mesa del Congreso una queja contra la gestión de Armengol

Entre esas decisiones «arbitrarias», los conservadores enmarcan haber permitido la utilización de todas las lenguas de las comunidades en el Congreso, algo que, remarcan, «excedía sus facultades, que no recogía el Reglamento y que, como se vio más adelante, era una primera transacción a cambio de que los partidos separatistas le prestaran su apoyo para ser la presidenta de la Cámara».

El grupo que dirige Tellado censura también que Armengol permitiera junto con el resto de miembros de la Mesa del PSOE y Sumar que Junts y Esquerra tuvieran grupo propio «sin que cumplieran los requisitos necesarios» lo que además comporta, en su opinión, «ventajas en la distribución de medios materiales y humanos que por su representación no les correspondería». Critican también su decisión de poner fecha a la investidura de Alberto Núñez Feijóo «tan solo 24 horas después» de haber sido propuesto por Felipe VI cuando con Pedro Sánchez «tardó más de cuarenta días» así como su discurso sin «la necesidad institucionalidad requerida» durante la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias el pasado octubre.

En el principal partido de la oposición no se olvidan tampoco del nombramiento como secretario general del Congreso de Fernando Galindo que hasta entonces «ostentaba un alto cargo en el Gobierno socialista». Un nombramiento auspiciado para avalar la admisión de la proposición de ley de amnistía, contraviniendo a su predecesor que en 2021 rechazaba que la amnistía pudiera debatirse por su «palmaria» inconstitucionalidad al igual que han hecho, recuerda el PP, «la mayoría de la doctrina jurídica, académicos, catedráticos de reconocido prestigio, exmagistrados del Constitucional o las asociaciones de jueces y fiscales».

En el escrito, en el que solicita amparo, el PP repasa además episodios polémicos que han tenido lugar en el hemiciclo, que reflejan la «falta de imparcialidad» de Armengol o el uso de «lenguaje inapropiado con abundancia de insultos» de algunos grupos, que la presidenta «no ha contenido». Critican así su «laxitud» así como los «distintos parámetros» que usa según cuál sea el grupo parlamentario al que pertenezca el orador para ejercer su función de «guardar el decoro de la Cámara».

Estos ejemplos concretos, constatan, en su opinión, «esa distinta vara de medir» al no llamar al orden o retirar «determinadas ofensas contra las instituciones del Estado, contra partidos políticos, contra jueces –a los que se señala con nombres y apellidos–, contra periodistas también en ocasiones señalados con nombres y apellidos, o empresarios. Además de negarle al PP el uso de la palabra «para defender su propio honor, el de las personas ofendidas».