El abismo entre PSOE y PP hace temblar los cimientos del edificio constitucional

En este sábado que podía haber contribuido a serenar los ánimos, los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial que vienen rebelándose contra las intenciones del Ejecutivo de forzar la renovación del órgano y, por extensión, la del Constitucional emitieron un duro comunicado atribuyendo a Pedro Sánchez la «irresponsabilidad» de «transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de las instituciones ante la ciudadanía»; es decir, una parte de quienes ejercen el gobierno de los jueces cargaron contra el responsable del Poder Ejecutivo por haber tildado de «atropello de la derecha política y judicial» los recursos ante el TC contra sus cambios legales.

Poco después, y sin hacer mención a ello, fue el propio Sánchez en un mitin en Valencia quien esgrimió el mismo término -la legitimidad- pero, en su caso, para dudar de que la atesore para tomar decisiones un Constitucional con el mandato «caducado» de cuatro de sus magistrados -entre ellos el presidente González-Trevijano, conservador, y el vicepresidente Xiol, progresista-. Y todo ello aderezado por la insistencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de exigir a su rival que adelante las generales.

Valgan las tres pinceladas de ayer para describir las múltiples turbulencias de un trance en la democracia española que se escribe con dos hechos excepcionales -los pactos de gobernabilidad de un presidente español con los independentistas catalanes y vascos y el bloqueo ya de cuatro años de la obligada actualización del CGPJ-; que tiene un objetivo último -el control del Constitucional, hoy de mayoría conservadora que al PP le gustaría preservar y que el PSOE intenta trocar a progresista, con un relevante paquete de leyes (aborto, eutanasia, educación...) sujetas a revisión; y que corona su singularidad con lo más distintivo de todo: el abismo abierto entre los dos grandes de partidos del Estado sobre la concepción del mismo, su funcionamiento y las fórmulas para su gobernabilidad.

Se trata de una ruptura de la que socialistas y populares se culpan los unos a los otros, cruzándose gruesas acusaciones de antidemócratas y anticonstitucionales, que hace tambalearse los cimientos del edificio levantado en 1978, con el Poder Legislativo incendiado y con la mínima independencia del Poder Judicial y del TC en abierto cuestionamiento.

Los 44 años de democracia que se conmemoraron hace menos de dos semanas, con el debate ya muy soliviantado por el entendimiento del PSOE con Esquerra para derogar el delito de sedición y rebajar la malversación, están jalonados de desafíos. Alguno tan extremos como el golpe del 23-F de 1981 -empleado como arma arrojadiza contra el adversario en el muy áspero pleno del jueves en el Congreso- y otros lacerantes como la violencia de ETA o las elecciones enlutadas por los atentados yihadistas del 11-M. Con sus tres poderes activados, el Estado constitucional adoptó dos decisiones tan anómalas como la ilegalización de un partido político -Batasuna, por su connivencia con el terrorismo- y la suspensión del autogobierno de Cataluña vía artículo 155, en respuesta a la intentona independentista; y frenó, entre medias, el plan soberanista del exlehendakari Ibarretxe. Se sucedieron los ciclos de crispación entre el PSOE y el PP, pero sin que ello llegara a tocar la médula del Estado. Hasta ahora.

Prueba de la profundidad de la crisis institucional es el choque directo con Sánchez de los vocales del Poder Judicial, a los que el Gobierno apunta como el caballo de Troya del PP en el CGPJ para seguir obstaculizando su renovación y la del TC, y las palabras en Valencia del presidente atribuyendo a su partido el mérito de haber «alumbrado la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa».

Donde los socialistas ven un «secuestro» de la justicia cuando los populares no gobiernan, estos justifican la cancelación de las negociaciones sobre el CGPJ en los tics «autoritarios» del presidente y las «mentiras» que cobijan los pactos con «quienes quieren romper España». Donde los primeros proclaman haber encauzado el problema de Cataluña», los segundos solo ven cesiones inasumibles, incluida la sospecha de que el líder socialista quiere un Constitucional afín, con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo dentro, para acabar permitiendo el referéndum que exige ERC.

Y donde los unos interpretan como una suerte de autodefensa sus reformas exprés para solventar el bloqueo judicial, los otros ven una «cacicada» que merece situar al TC ante la insólita y delicadísima tesitura de decidir mañana si interviene en la libre decisión de las Cortes. En otra semana eléctrica, Sánchez y Feijóo se retarán de nuevo en el Senado. Esta vez será el miércoles a petición del presidente, que hará doblete con la sesión de control en el Congreso.