El PP y el PSOE extienden en Cataluña su choque por la ley de vivienda

Este viernes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que es la competente en materia de vivienda, y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvieron sendas citas en Cataluña. La ministra, por su lado, explicó que el tope en los alquileres está pensado para aplicarlo allí «donde se produzca una distorsión que no permita acceder a una vivienda a un precio justo» ya que su intención es no retraer la oferta de vivienda, sino que los grandes tenedores sean conscientes de que el precio del alquiler debe estar en niveles razonables. Es por ello que defendió que es «una buena ley», ya que protege a los propietarios y da incentivos a los particulares para que les salga a cuenta poner sus viviendas en alquiler. Así lo manifestó durante su intervención en un encuentro organizado por Forum Europa en Barcelona.

Pero Feijóo, que participaba en un acto con afiliados del PP en Tarragona, reiteró que la nueva ley es «intervencionista, populista y no seria» y que «intervenir los precios funciona mal» porque, a su juicio, disminuye el número de viviendas en el mercado y sube los precios. «No es fácil aceptar que la ley de vivienda en España sea el precio que tiene que pagar el presidente para mantenerse en La Moncloa», agregó, para tildar el texto de «dictado por Bildu». Y también insistió en su receta para lograr el objetivo de bajar el precio de la vivienda: «Cuantas más viviendas, más bajo será el precio». Además, volvió a relatar el rosario de medidas por las que aboga para aumentar la oferta inmobiliaria y para apoyar a los jóvenes en su acceso a la primera vivienda en compra o alquiler con diversos cheques y ayudas o a los hipotecados.

Dos modelos colisionan: el del Gobierno, que no renuncia a tratar de controlar los precios; y el del Partido Popular, que confía en las leyes del mercado y en que más pisos automáticamente se traduce en una bajada de los precios.

Aunque en la cuestión que hizo más hincapié el jefe de los populares fue en la ocupación, esgrimiendo que en Cataluña se producen la mitad de las ocupaciones que tienen lugar en el conjunto de España: «Comprarse una vivienda es muy difícil (...) hay que preservar ese esfuerzo», afirmó, para añadir: «Lo que queremos decir claramente es que estamos con los vecinos a los que se les ocupa su vivienda. Porque los vecinos han hecho un esfuerzo en comprarla». Feijóo afeó que la nueva ley de vivienda no atienda este problema y que, a su juicio, la «facilite», «porque es sensible con quien ocupa e insensible con quien sufre la ocupación». «No se puede usar a vulnerables para justificar la ocupación de viviendas, porque la mayoría de los ocupas no son familias vulnerables», añadió. A partir de esas consideraciones, reiteró las medidas que proponen los populares: desalojo en 24 horas, persecución de las mafias, no cobrar impuestos al propietario que tiene ocupada su vivienda o prohibir que el inmueble ocupado pueda ser el lugar de empadronamiento, domicilio y morada del ocupa.

La ministra Sánchez, ante estas acusaciones reiteradas de que la ley favorece la ocupación, resaltó que la norma no la ampara y también pidió no generar «miedo ni alarma social», al recordar que ya hay instrumentos en el código penal que prevén la figura de la usurpación y el allanamiento y que permiten desocupar la vivienda en un plazo máximo de 48 horas.