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El PP abre una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno por la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa de Israel con la ... petición de las comparecencias en el Congreso y en el Senado de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y Margarita Robles. Entre otros asuntos, los populares quieren saber cuánto le costará a España la ruptura unilateral del contrato con la empresa IMI Systems para el suministro de 15 millones de balas para la Guardia Civil.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, reclamó la presencia de Bolaños en la Comisión Constitucional para conocer las consecuencias «penales y económicas» de una «arbitraria» decisión que busca «satisfacer las exigencias políticas de parte del Consejo de Ministros» al haberse adoptado «atendiendo a criterios exclusivamente políticos ajenos a la legislación sobre contrarios del Estado».
Además, los populares exigieron el sábado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras, en su opinión, «haber sido humillado por el jefe del Ejecutivo» y reiteraron que llevarán este asunto ante el Tribunal de Cuentas porque «a los españoles les está saliendo muy caro el Gobierno más dividido y rodeado de corrupción de la historia de la democracia».
Durante un acto en Valladolid, la portavoz popular en el Senado, Alicia García, utilizó la corrupción para atacar al Gobierno. En la ciudad de Óscar Puente, García acusó al ministro de Transportes de «tapar la corrupción» de su antecesor, José Luis Ábalos, y aseguró que debía haber aprovechado su polémica comparecencia en el Senado de esta semana «para pedir perdón, asumir su responsabilidad y comprometerse a investigar a fondo la contratación de Jésica Rodríguez, en lugar de decir, al más puro estilo sanchista, que 'no era para tanto'». «¿No es para tanto utilizar recursos públicos para pagar prostitución? ¿No es para tanto tejer una red de mentiras, de tráfico de influencias y de abuso de poder y de corrupción o enchufar en una empresa pública a una mujer elegida por catálogo y que no iba a trabajar?», se preguntó García.
El PP insiste en que «Sánchez no puede gobernar el país porque ni siquiera es capaz de hacerlo en su propio Consejo de Ministros y porque cerca de 50 altos cargos han tenido que responder ante un juez por una corrupción que corría por el Gobierno, el partido y el entorno del presidente y que bombeaba desde el Ministerio de Transportes».
«Ninguna democracia europea puede aguantar este nivel de corrupción institucional, moral y económica, y de desgobierno porque es la legislatura de la mentira», agregó la portavoz del PP en el Senado.
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