PSOE y PP lanzan en el Congreso su pacto judicial sin tregua entre ellos y todos sus socios a la greña

Y si faltaba una pincelada más para el cuadro, el Gobierno también se partió en dos en la votación –como ya ha ocurrido esta legislatura con la ley del suelo o la propuesta para abolir el proxenetismo– después de que Sumar se abstuviera. Una opción que también escogió el PNV, mientras que EH Bildu y Esquerra optaron definitivamente por no participar en la votación –menos el portavoz de los republicanos, que presumiblemente voto 'no' por error–. El resultado devolvió al hemiciclo el aroma a bipartidismo que la aritmética parlamentaria de la última década solo desprende ya en contadas ocasiones: 258 votos a favor, 33 abstenciones y 43 en contra. Eso sí, la gresca fue de tal magnitud que el propio Rufián fue despedido de la tribuna de oradores con un «venga, a tomar por culo» proferido desde la bancada de los populares.

Y eso que la de ayer se trataba solo de la primera criba parlamentaria de una norma que aspira a establecer un nuevo régimen de incompatibilidades para ser magistrado de altos tribunales y una mayoría reforzada de tres quintos para todas las decisiones de peso del CGPJ, cuya renovación también han pactado los dos grandes partidos eligiendo a veinte nuevos vocales que sustituirán a los que desde 2018 están en interinidad.

Este camino culminará, salvo giro de guion, el 31 de julio en el Senado. El debate a la totalidad en el Congreso (próximo jueves) y su aprobación en la Cámara baja (el día 23), se inició con un gran enganchón que enfrentó a los portavoces parlamentarios del PSOE y el PP que deberían haberse felicitado mutuamente por el resultado, pero que acabaron inmersos en una guerra por el relato.

Miguel Tellado, del PP, se esforzó en presentar el acuerdo como una victoria propia y rechazó que fuera, como le acusaban desde Vox, «un balón de oxígeno» para el Gobierno. Presumió de que las medidas pactadas «ya estaban recogidas en el programa electoral del PP para 23-J y en el discurso de la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo». El dirigente popular llegó a afirmar desde la tribuna que el pacto no era entre su partido y el PSOE, «sino del PP con la sociedad española para mejorar la justicia». Y como guinda, acusó a Pedro Sánchez de haberse «echado en manos del populismo del que huía en 2014». «La aspiración de una democracia plebiscitaria, como un poder sin limitaciones, nació en Podemos pero hoy está en Sánchez. La concepción populista donde el voto de la mayoría está por encima de cualquier marco legal y contrapeso institucional nació con el 'procés' pero hoy está en Sánchez», zanjó.

Por su parte, el portavoz de los socialistas, Patxi López, se arrogó el mérito de haber conseguido «convencer» al PP para pactar la renovación del Poder Judicial «tras cinco años incumpliendo la Constitución». El exlehendakari, que terminó por tender la mano a los populares, a los que llegó a definir como «un partido esencial en la estructura de nuestro país», aseguró que «cada vez que se daba por hecho la posibilidad del acuerdo, el PP sucumbía al ala dura de la derecha y daba marcha atrás». Poco después ambos portavoces estamparon su firma en el documento que registraron en el Congreso y el Senado con sus candidatos para las ocho plazas del CGPJ reservadas a juristas de reconocido prestigio.

En cuanto al resto de grupos parlamentarios, todos mostraron su rechazo –en un amplio abanico de diferentes matices– a la norma. Pero con un denominador común: el sentimiento de haber sido excluidos del acuerdo. En esa línea, la líder de Podemos, Ione Belarra, llegó a pedir al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que «rompiera» el pacto con el PP y sellara uno nuevo «con las fuerzas progresistas». La portavoz de Junts, Mírian Nogueras, insistió en la existencia de una «mafia de togas», mientras que el diputado de Sumar Enrique Santiago celebró la «imprescindible» renovación del órgano al tiempo que denunciaba «deficiencias» de una propuesta que, reprobó, no les había adelantado su socio de coalición.