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El PP tiene claro que como partido de Estado su deber pasa por acudir a las reuniones a las que le convoque el Gobierno y no cierra la puerta a volver a reunirse con el Gobierno si este le cita para hablar del Plan ... de Acción por la Democracia, que el presidente Sánchez anunció genéricamente en abril en respuesta a la investigación judicial abierta a su esposa y que el Consejo de Ministros concretó este martes en un paquete de medidas que penden de la frágil mayoría de sus socios en el Congreso. Pero lo que no harán los de Albeto Núñez Feijóo es negociar un proyecto que, a sus ojos, no es de regeneración sino de «degeneración» y que ya tildan con ironía como el 'plan Begoña'.
Los populares creen que ese proyecto con el que Sánchez busca supuestamente, entre otras cosas, atajar la «desinformación» –un catálogo de una treintena de medidas que incluye un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los sentimientos religiosos– representa exactamente lo contrario. El expresidente gallego, de hecho, se mostró especialmente acre este miércoles con el líder del PSOE en la sesión de control celebrada en la Cámara Baja –la primera con la presencia del presidente del Ejecutivo desde las vacaciones de verano– al compararle con el dictador Francisco Franco y acusarle de que su «concepción bananera del poder parece no tener fin».
Según el líder popular, las medidas propuestas por el Gobierno para «fortalecer» la democracia pueden resumirse en dos palabras: «censura» y «persecución». Un endurecimiento del discurso que refleja que cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el importante acuerdo para la renovación del Poder Judicial, se ha disipado.
Sánchez, que se marchó a la carrera tras contestar las preguntas dirigidas a él, no quiso entrar al capote de Feijóo, pero tampoco aprovechó la ocasión para defender su Plan de Acción por la Democracia. Lo que sí destaco fue la revisión positiva de la previsión del crecimiento de España realizada por el Banco de España, gobernado ahora por el exministro José Luis Escrivá, y el Instituto Nacional de Estadística (INE). «No ha sido el Banco de España, ha sido el señor Escrivá», le espetó Feijóo antes de desear que Escrivá no falle en su diagnóstico y se convierta, en referencia al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en un «Tezanos bis».
La postura del PP en este nuevo frente abierto por Sánchez coincide con la adoptada por el partido a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, otro de los asuntos polémicos que el Ejecutivo tiene encima de la mesa. Los presidentes regionales de los populares que han sido citados por el jefe del Gobierno en el marco de las rondas bilaterales abiertas para tratar de negociar de 'tú a tú' con cada comunidad acudirán a Moncloa, pero ya han confirmado que no negociarán bajo ningún concepto nada que no se base en la «multilateralidad». La madrileña Isabel Díaz Ayuso ni siquiera ha confirmado si irá o no.
Pero más allá del rechazo frontal del PP, el plan que Moncloa trata de impulsar también despierta recelos entre los propios aliados de Sánchez, conscientes de que no existe garantía alguna de que sea posible sacar adelante la batería de medidas que competen a varios ministerios en la Cámara Baja.
A pesar de ello, el mensaje que Sánchez mandó este miércoles a Génova tras el alborozo en las filas de los populares por verle cada mas débil en el plano parlamentario fue muy claro. «Las legislaturas, según mandata la Constitución, son de cuatro años, por tanto quedan tres años hasta el final», afirmó. Una tesis en la que también incidía posteriormente María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. «Vamos a agotar la legislatura».
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