El PP da luz verde a la reforma para ralentizar la amnistía en el Senado

La reforma de los populares –aprobada con 147 votos a favor y 116 en contra– ha sido aprobada en menos de dos semanas: el miércoles de la semana pasada se tomó en consideración, este lunes la comisión de Reglamento le dio el visto bueno y ayer se le dio luz verde de forma definitiva, anticipándose de esta forma a que la norma que los socialistas han pactado con ERC y Junts, a cambio de sus votos para la reelección de Pedro Sánchez, salga de la Cámara baja.

La reforma, aprobada también con los votos de Vox y UPN, busca actuar de dique de contención frente a las proposiciones de ley que impulsen el resto de la legislatura los grupos parlamentarios aliados del líder socialista. En concreto, se cambia el artículo 133 y se confiere a la Mesa la potestad de decidir la urgencia con la que se tramitan las leyes que llegan desde el Congreso a petición de un grupo parlamentario o de 25 senadores.

El PSOE, que considera la estrategia de los populares «un atropello a los derechos de los senadores», confirmó ayer que interpondrá un recurso de amparo ante el Constitucional por entender que se vulneran varios de los artículos del Reglamento . «El problema es que ustedes aderezan esta antirreglamentaria e inconstitucional reforma que llevaremos ante el TC con mala fe. Vulneran los derechos de los senadores y varios artículos», señaló el senador Manuel Fajardo.

Además, los populares han añadido en la propuesta de reforma –con la que, sostienen, tratan de mejorar «la calidad legislativa»– una enmienda para incluir un apartado que especifique que los ministros y el presidente del Gobierno estarán obligados a comparecer en el Senado cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores. Algo que llega después de que cuatro ministros rechazaran acudir la semana pasada para comparecer sobre distintos temas –tras pedirlo varios grupos– y alegasen que esta obligación no estaba recogida en el Reglamento.

Aunque más allá del intento de retrasar hasta dos meses la tramitación de la norma exigida por las fuerzas independentistas –lo que ya llevaría la norma seguro a otro período de sesiones–, en el PP sembraban ayer dudas incluso de si la Mesa del Senado que controlan con su mayoría llegará a calificar o no la proposición de ley cuando sea sometida a la evaluación de los senadores. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, deslizó que se opondrán a esa admisión a trámite por las mismas razones que le llevarán a hacerlo en la Cámara baja –cuya Mesa calificará la ley la próxima semana–. «Lo que era inconstitucional en el año 2021 es inconstitucional en el año 2023», zanjó.

La portavoz popular remarcó la «absoluta soledad» con la que, su juicio, el PSOE registró este lunes la norma en el Congreso. Y quiso hacer hincapié en que no cree que «vaya a haber letrado alguno, con un mínimo de rigor jurídico, que sin reforma alguna de la Constitución desde el año 2021, pueda amparar ahora la constitucionalidad de algo que fue apreciado inconstitucional en ese 2021».