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El Gobierno arriesga su entereza y con ella la de una legislatura maniatada por la volatilidad, en un final de julio que las circunstancias han convertido en termómetro del año transcurrido desde que Pedro Sánchez lograra contra pronóstico aguantar el tipo y la Moncloa tras ... las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La casualidad ha hecho que el próximo martes, justo cuando se cumplen doce meses de aquella cita con las urnas que encadenó la investidura a los pactos con el soberanismo, el Ejecutivo tenga que pasar la prueba en el Congreso de la reforma de una ley de extranjería que el desmarque de Junts había dejado en manos del PP. Los populares ratificaron este domingo al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que siguen en el 'no' al considerar desechadas sus condiciones. Y en el trasfondo, el presidente se juega la incierta investidura de Salvador Illa en Cataluña que los socialistas negocian, contra el reloj, con Esquerra.
Lo más perentorio tiene como escenario el cargado pleno que celebrará el martes que viene en la Cámara Baja, donde se debatirá y votará la proposición de ley registrada hace una semana por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria -que gobierna las islas junto al PP- para reajustar la norma vigente desde 2000 sobre extranjería. En síntesis, el objetivo es un cambio en el artículo 35 para obligar literalmente a las comunidades a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados cuando alguna de ellas, como ocurre ahora en el archipiélago canario, vea desbordada en un 150% su capacidad de acogida.
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Paula De las Heras
Este domingo por la noche, el Ejecutivo se encontraba en un callejón que le aboca a la derrota parlamentaria -o a retirar su iniciativa- tras constatar que el PP persiste en su negativa a avalar el cambio legislativo-. Eso, que sería directamente un revés, o un pacto 'in extremis' e imprevisto con Junts, que se niega a aceptar un marco común con el resto de territorios en materia migratoria que fuerce a Cataluña a acoger menores inmigrantes en situación de soledad.
Los contactos entre los dos actores de los que depende, fundamentalmente, una política de Estado como la migratoria -el Ejecutivo que dirige el país y el PP que dirige la gran mayoría de las comunidades- encallaron este domingo por la tarde en un intercambio de mensajes a través de Whatsapps entre el ministro Torres y el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, a instancias del primero según confirmaron fuentes de Génova. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo sí había respaldado días atrás, a través de sus gobiernos autonómicos, el reparto solidario de 347 niños y adolescentes extranjeros no acompañados que permanecían en la hacinada Canarias. Lo hizo en el marco de la conferencia sectorial celebrada en Tenerife el 10 de julio.
Ese pacto, en el que solo se abstuvo el Govern catalán -el Ejecutivo central negocia también la ley de extranjería con una ERC en la que ve «buena predisposición-, fue lo que detonó la salida de Vox de los ejecutivos regionales que compartía con el PP. Ya entonces los populares advirtieron al Ejecutivo de que no entrarían en el paso siguiente, en este caso al cambio legislativo en extranjería sin más recursos materiales para las comunidades y una serie de premisas. Entre ellas figuran la declaración de emergencia migratoria y la convocatoria de una Conferencia de Presidentes.
De la conversación de este domingo, los populares deducen que el Gobierno no tiene intención de asumir esas condiciones, por lo que creen justificado su plante, que además sazonan con dos argumentos más. Uno, que no es el mejor aliciente que el Ejecutivo les siga calificando de «ultras» y que ya se lo advirtió Feijóo a Sánchez: que si sus socios le fallaban, no le buscara a él de salvavidas. Algo que los socialistas, ante una situación «insostenible» en Canarias, interpretan como una «cruel falta de sentido de Estado».
Fuentes del departamento de Torres subrayaron que no hay rechazo a las reclamaciones del PP, sino una invitación a dar trámite a la reforma y transaccionar luego enmiendas, algo que para el PP significa que el Gobierno confía en los independentistas. «Vamos a la votación y el Congreso dirá. No nos merecemos esta oposición», retan en Ferraz, mientras el ministerio recuerda que la exigencia de excluir a Cataluña de Junts la ha vetado ya.
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