El PP intenta forzar que Sánchez convoque una Conferencia de Presidentes

Concebida como un espacio de diálogo territorial, la conferencia tuvo un papel muy activo durante la pandemia como instrumento de cooperación entre los gobiernos regionales y el Ejecutivo central. Hasta en 17 ocasiones se llegó a reunir entre marzo y octubre de 2020 –todas por videoconferencia excepto la de San Milán de la Cogolla en julio– en lo peor de la crisis sanitaria. Pero, en su última cita, en marzo de 2022 en La Palma, con Feijóo aún al frente de la Xunta, se aprobó un nuevo reglamento que favorece los planes de Génova.

Se acordó entonces la posibilidad de requerir el foro a petición de las gobiernos autonómicos siempre y cuando se adhieran a la misma al menos «diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía». Tras los comicios del pasado 28 de mayo, los populares gobiernan en once regiones, además de Ceuta y Melilla, con lo que disponen de fuerza suficiente para activar la maquinaria de la reunión si así lo solicitan sus barones, como están empezando a hacer.

Algunos de ellos, como el murciano, Fernando López Miras, han enviado ya una solicitud formal firmada a la Moncloa. «Que Sánchez nos diga a la cara cuáles son los puntos del acuerdo que ha firmado con los separatistas. Cuáles son las concesiones y privilegios que ha dado a quienes precisamente no creen en el futuro de España», aseveró ayer López Miras.

El primero en abrir la veda fue el presidente gallego, Alfonso Rueda, nada más conocer la semana pasada el acuerdo del PSOEcon Esquerra. En él, además de la concesión de la medida de gracia para los encausados del 'procès', se recoge una condonación del 20% de la deuda de Cataluña y una mesa bilateral con el Gobierno de la Generalitat para pactar un nuevo modelo de financiación autonómica. Rueda, al igual que el resto de barones del PP, y alguno presidente socialista, como el asturiano Adrián Barbón, puso pie en pared y reclamó la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes. «Galicia no va a estar callada ni ser invitada de piedra ante decisiones que afectan directamente a los pilares del Estado de Autonomía», avisó.

A la petición, una vez consensduada con Génova, se sumó el jueves la presidenta de Extremadura, María Guardiola, a través de su consejero de Presidencia que confirmó que solicitarían la convocatoria del órgano de cooperación para defender los intereses de los extremeños «cueste lo que cueste». Tras ella, este viernes respaldaron la iniciativa sus homólogos de Andalucía, Juanma Moreno; de Aragón, Jorge Azcón; de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga y de Baleares, Marga Prohens. «Los temas que afectan a la igualdad de todos los españoles se tienen que tratar entre todos, no en un despacho de Waterloo», defendió este viernes la exdiputada nacional del PP. «Los presidentes de todas las autonomías tenemos que opinar», insistió, por su parte, Azcón.

En el Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, subrayan que la potestad de convocar la cumbre de líderes autonómicos es exclusiva del jefe del Ejecutivo. Remiten al artículo 4.2 del reglamento aprobado dos años atrás, que recoge que la posibilidad de celebrar reuniones extraordinarias –hay una ordinaria al año– cuando el presidente del Gobierno las convoque, «a iniciativa propia, o a petición de la mayoría» de los mandatarios autonómicos. «Ellos pueden pedirle que lo haga pero la última palabra la tiene el presidente», señalan estas mismas fuentes, que recuerdan que la cumbre entre las comunidades y el Gobierno está para «forjar consensos» y no para «intentar hacer emboscadas».