El PP denuncia la «herencia» de 762 millones en sentencias contra la Junta de Andalucía

Algunos de los fallos contrarios a los intereses de la administración andaluza eran conocidos, como la sentencia que obligó a pagar 162 millones a un promotor por el perjuicio causado durante el tiempo que paralizó la licencia de apertura de un centro comercial en Armilla (Granada). Pero no era la única: a los centros sanitarios Pascual, con quien la Junta tiene concertados numerosos servicios, se le adeudan 21 millones, mientras que a Red Eléctrica el importe reclamado por la justicia asciende a 57 millones. Solo entre los años 2016 y 2018 el Ejecutivo de Susana Díaz desembolso 548 millones de euros en sentencias que concernían a todas las áreas del ejecutivo.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, fue quien compareció este miércoles en el Parlamento andaluz, a petición del PP, para dar altavoz a esas cifras que lastrarán las cuentas futuras y desglosar los fallos judiciales que comprometen al menos otros 214 millones. El más gravoso en estos momentos, dijo Bendodo, es el derivado de los sobrecostes del Metro de Sevilla, que asciende a 167 millones de euros y a los que se suman unos abultados intereses de demora que alcanzan los 300.000 euros mensuales, de ahí el interés del gobierno andaluz por liquidarlo lo antes posible. También están pendientes unos 30 millones de euros por fallos que implican a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, otros 14 millones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y cifras de menor cuantía del resto de departamentos.

El PP ofrece como ejemplo de esa «mala gestión» los más de 60.000 expedientes sobre procesos judiciales relacionados con posibles casos de responsabilidad patrimonial de la Administración, expedientes sancionadores, impugnaciones de resoluciones o justiprecios que se han contabilizado en la Junta desde el año 2014. Para frenar esa elevada litigiosidad, especialmente en proyectos de gran envergadura, el ejecutivo andaluz ha anunciado la creación de una comisión interdepartamental con participación de Presidencia, Administración Pública e Interior, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente y Fomento, las áreas con más expedientes abiertos. Este plan de choque pasa por desbloquear aquellos asuntos más urgentes para evitar así la vía judicial, pero también incluye la reasignación de personal y la puesta en marcha de una oficina de responsabilidad patrimonial para unificar criterios y acciones de la administración.

Desde las filas del ejecutivo han encontrado en estas sentencias un arma más para reprochar la herencia recibida a cuenta de la mala gestión de los socialistas. «Se podrían hacer más de 30 planes de choque como el puesto en marcha en materia de dependencia», lamentaron. De hecho, desde el primer momento ya adelantaron que esas condenas pendientes lastrarían los presupuestos futuros, que el responsable de Hacienda no tiene previsto presentar hasta junio, después de las elecciones municipales.