El PP coge aire con el triunfo en Galicia ante Vox y sus complejos pactos autonómicos

La comunidad que preside el popular Alfonso Fernández Mañueco supuso el primer laboratorio de pruebas de la coalición PP-Vox. Desde que se constituyese ese gobierno, tras las autonómicas de febrero de 2022, los desencuentros han sido numerosos. La mayoría a raíz de las polémicas generadas por el vicepresidente de la comunidad, Juan García-Gallardo (Vox). En la primera experiencia de los de Abascal en un Gobierno autonómico, han sido varios los episodios de tensión con los que han tratado de llamar la atención. Los voxistas ocupan aquí tres consejerías y la presidencia de la Cámara regional.

La Comunidad Valenciana fue la primera comunidad en la que ambos llegaron a un acuerdo para gobernar juntos tras las pasadas autonómicas. Carlos Mazón se adelantó a las negociaciones que la dirección nacional del PP pretendía entablar con Vox y –ante el temor de que las conversaciones se enquistasen– cerró el acuerdo con los de Abascal. Los voxistas tuvieron que aceptar que Carlos Flores Juberías –condenado en 2002 a un año de prisión por violencia psíquica contra su exesposa–, el candidato en la comunidad, renunciase a entrar en el Ejecutivo regional a cambio de hacerlo, eso sí, en las listas como diputado nacional el 23-J. Se trata de la comunidad donde mayor peso tiene Vox (5 consejerías y la presidencia del Parlament) y, al mismo tiempo, una en la que menos problemas se han generado aunque no exenta de roces.

Baleares ha sido la última comunidad en la que Vox ha tenido que hacer frente a una crisis interna. A principios de febrero, el grupo parlamentario saltó por los aires al expulsar cinco de sus miembros a Gabriel Le Senne y Patricia de Las Heras, presidente del Parlament y presidenta de la formación en la comunidad, respectivamente; la guerra con la dirección nacional y la cercanía de ambos a Abascal estuvo detrás de la decisión. Pero el partido fue capaz de reconducir la situación y evitar que la crisis se agudizara. Un alivio para el PP, que tras el 28-M no incluyó a Vox en el Ejecutivo, pero que sí alcanzó un acuerdo programático para poner en marcha una agenda conjunta para lo cual necesita a la derecha radical.

En Aragón –tras varios tiras y aflojas en la negociación–, el PP aceptó dar a Vox una vicepresidencia y dos consejerías. Los de Abascal también consiguieron la presidencia de la Cámara. Marta Fernández, la persona que se convirtió en segunda autoridad de la comunidad, ha sido el elemento que más criticas ha conllevado para el PP aragonés. Su perfil presentaba todos los retazos del negacionismo, tanto climático, científico como sobre la violencia machista –mensajes que borró–. Ya en el cargo, decidió faltar al respeto institucional y no saludar a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, en una visita de esta al territorio.

Fernando López Miras consiguió ser investido solo unas horas antes de que terminara el plazo y se convocaran automáticamente nuevas elecciones. Pero el proceso no fue fácil. Al final Vox cosechó dos consejerías y el PP cedió en quitar del acuerdo –al igual que hizo en las alianzas rubricadas en otras regiones– el término «violencia machista».

Extremadura fue donde más trabajoso resultó el acuerdo tras el 28-M. La negativa de la actual presidenta, María Guardiola, a pactar con los de Abascal –y sobre todo sus palabras gruesas contra Vox– hicieron que la alianza pareciese imposible, pero la marcha atrás de la dirigente popular lo propició finalmente. Vox ostenta una única consejería, y paradójicamente, es uno de los Ejecutivos que menos quebraderos de cabeza están ocasionando tanto a Abascal como a Feijóo. Aunque nada más empezar Guardiola hiciera saltar chispas en su socios al confesar que su relación con ellos era casi nulas.