PSOE y PP libran una batalla feroz por la continuidad en el Congreso de Armengol

Para el principal partido de la oposición no hay, sin embargo, ninguna duda de que Armengol es «colaboradora necesaria» de esta estafa y exigen su dimisión inmediata para «no tirar por el sumidero» el prestigio de esta Cámara y salvaguardarla de la «alargada sombra de la corrupción» que se ciñe desde hace días sobre el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. «Los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté bajo la sombra de la duda», afirmó el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

Los conservadores, que este lunes dieron un paso más en su ofensiva y registraron su petición de dimisión por escrito en el Congreso, creen que la dirigente socialista está haciendo un «enorme daño» a la institución que preside, cuyo «prestigio» y «decoro» se ven «devaluados» por las informaciones que van apareciendo día tras día sobre el 'caso Koldo' y piden al jefe del Ejecutivo que deje de sostenerla «contra viento y marea». «No puede seguir ni un minuto más. No es apta para el cargo», insistió Tellado.

Para el PSOE la petición de dimisión «no tiene ningún fundamento» ni tampoco «recorrido jurídico» que lo avale y señalan que, ante las «elucubraciones» y las acusaciones «sin ninguna prueba», hay que ceñirse a la realidad. Y la realidad, a ojos de su portavoz Esther Peña, es que el Gobierno balear fue «una víctima» de la trama por recibir un producto que no era el solicitado y que reclamó «dentro del plazo legal» la devolución de 2,6 millones de euros de ese contrato. Si esa reclamación ha caducado, apuntan en Ferraz, es por responsabilidad del actual Ejecutivo de Marga Prohens y pide por ello su dimisión. Los socialistas quieren acotar las «responsabilidades políticas» en sus filas exclusivamente a Ábalos y ensalzan su listón «implacable» y de «tolerancia cero» contra la corrupción frente al del PP. «Si fuese el mismo –afirmó Peña–hubiera dimitido la mitad de los Gobiernos de Rajoy».

El Gobierno balear presidido por Armengol compró a la trama 1,7 millones de mascarillas tipo FFP2 en abril de 2020, durante los peores momentos de la pandemia, con toda España confinada y cuando algunos comisionistas sin escrúpulos vieron la oportunidad de enriquecerse a cuenta del erario público.

El Gobierno balear pagó 3,4 millones –3,7 con IVA– por las mascarillas mediante una adjudicación de urgencia y sin pasar el escrutinio de un concurso público. Tras cerrarse la compra los servicios sanitarios de la comunidad autónoma detectaron que las mascarillas no cumplían con todos los estándares de calidad que exige la Unión Europea, aún así no se frenó la operación como sí hizo el Ejecutivo de Castilla-La Mancha con el que la red corrupta también trató, esta vez din éxito, de sacar tajada. Las mascarillas se distribuyeron en los centros médicos baleares para poco después ser retiradas ante el peligro que suponían y ser apiladas en un almacén.

Ni en el sumario judicial ni en los informes policiales figura ningún indicio contra la ahora presidenta del Congreso. Las firmas que figuran para la adquisición de las mascarillas corresponden a funcionarios de la administración pública. «Los contratos fueron de emergencia pero legales», argumenta Armengol, a quien no se le pasa por la cabeza dimitir al frente del Congreso.

El Gobierno de Armengol no reclamó parte del dinero abonado por estas mascarillas defectuosas hasta junio de 2023. Lo hizo después de perder las elecciones autonómicas de tres meses antes frente al PP, que dieron la Presidencia el 7 de julio a la popular Marga Prohens. De los 3,7 millones desembolsados por la compra, se exigió la devolución de 2,6. El nuevo Govern fecha en el 24 de agosto el día en que se formalizó el expediente.

El PP ha cargado toda su artillería contra Armengol, tercera autoridad del Estado y figura clave para el control del Congreso por parte de la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez. La dirección del PSOE, por contra, defiende a capa y espada la actuación de la presidenta del Congreso, algo que no hizo con José Luis Ábalos. Los socialistas acusan a Prohens de no haber ejecutado el expediente para la reclamación de los 2,6 millones, que, añade el PSOE, ha caducado por lo que ya no se podrá exigir este dinero. El actual Gobierno del PP en Baleares asegura que según su ley autonómica hasta los ocho meses después de su firma el expediente puede ser ejecutado, con lo que aún tendría de margen hasta el 24 de abril. No obstante, una sentencia del Supremo del pasado enero estableció que en estos casos el plazo máximo es de seis meses, salvo que mediara normativa regional propia. El Govern de Prohens, que insiste en que el expediente sigue vivo, ha renunciado a los fondos Feder que finaciaron la compra y, en cualquier caso, confía en que la vía penal permita recuperar los 3,7 millones invertidos.