El PP aplaza fijar postura en la gestación subrogada hasta después de las generales

Desde 2017 no se ha celebrado ningún cónclave que aborde asuntos como la maternidad subrogada, el aborto o la eutanasia, que en mayor o menor medida confrontan a las diferentes almas del PP. Fue precisamente en ese congreso en el que se aprobaron los estatutos que siguen actualmente vigentes y donde los populares tiraron el balón hacia adelante a la hora de fijar postura sobre los vientres de alquiler ante la imposiblidad de alcanzar un acuerdo.

De un lado estaban los partidarios de abrir el partido a lo que entendían como una nueva realidad que debía recibir respuesta. Entre ellos, Feijóo, entonces presidente de la Xunta y hoy líder nacional del PP; el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto; o la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En el otro lado se encontraba el sector más conservador, en línea con la postura –desde presupuestos distintos– de la Iglesia católica y de las feministas, representada por la exportavoz de Asuntos Sociales Lourdes Méndez, el consejero madrileño Luis Peral o los parlamentarios José Luis Sastre y Javier Puente. Contrarios todos ellos también al giro que ha dado la formación ahora en relación con la ley de plazos del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero que ha avalado el Constitucional.

Fue a Maroto al que le tocó lidiar con el asunto en su calidad de coordinador del texto social, del que eran ponentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el entonces mandatario de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; y los líderes del partido en la Comunidad Valenciana y Extremadura, Isabel Bonig y José Antonio Monago, respectivamente. Ante las reticencias a legislar sobre los vientres de alquiler, el portavoz en la Cámara alta pactó una enmienda transaccional que no molestara a nadie más de la cuenta, evitando así tomar partido en un asunto que no solo dividía al PP, sino a la sociedad.

Según el texto aprobado hace seis años, en lo único que se comprometía la formación era a emprender «un debate en profundidad, serio y sereno» en el que se escuchasen «a los expertos tanto en el ámbitos científico, como jurídico y ético» para fijar una postura. Lejos quedaba la posición de otros partidos como Ciudadanos, que enarbolaron la bandera de regular la maternidad subrogada y llevaron el asunto al Congreso. «Lo que está claro es que hay un vacío legal que debe ser estudiado con profundidad y con sosiego, algo que lamentablemente en la política española no existe», argumentó este miercóles Feijóo desde Gijón cuando fue preguntado al respecto.

La dirección popular cree que es una cuestión que está en la calle –como el aborto o la eutanasia– y que exige un debate en profundidad, escuchando a expertos en todas las disciplinas. Hay disposición a estudiar una posible regulación ante la evolución de la sociedad y las necesidades que tiene hoy la familia en nuestro país pese a que se trata de un debate delicado para el PP y que suscita un rotundo rechazo en el electorado conservador religioso, como han recordado los obispos. «Ser madre no es un derecho, sino un regalo», afirmó la semana pasada el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán.

La maternidad subrogada es una cuestión que, según sostienen desde el partido, «no divide tanto como el aborto». Por ahora, se han ido sorteando las polémicas. Cuando se aprobó la nueva ley, Feijóo sostuvo que la interrupción voluntaria del embarazo era «un derecho que tiene la mujer, pero no fundamental» frente a quienes dentro del PP defienden el regreso a la ley de supuestos de 1985. En la ponencia ideológica de 2017, se recogía expresamente que no es «un derecho», por lo que habría que introducir cambios en una ponencia futura. Un reajuste que, en todo caso, no se hará en pleno año electoral, aunque el nuevo posicionamiento sí entrará en el programa que los populares llevarán para las generales de final de año.