El PP recusará a las magistradas del Constitucional Montalbán y Balaguer por el 'caso ERE'

Las ahora magistradas están encuadradas en el llamado sector progresista del tribunal que hoy encarna la mayoría en el mismo, al igual que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, al que el partido de Alberto Núñez Feijóo también pide que se aparte de las deliberaciones de los recursos. El PP señala a Montalbán porque como integrante de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Andalucía tomó parte en 22 sentencias relacionadas con las ayudas detrás del escándalo, además de por haber sido galardonada por su labor por los gobiernos socialistas. La sospecha sobre la neutralidad de Balaguer proviene de los años en que integró el Consejo Consultivo de Andalucía y fue ponente de 28 dictámenes sobre los ERE. Y en lo que se refiere a Conde-Pumpido, los populares creen inexplicable que si él mismo se apartó de las deliberaciones cuando la causa llegó al Supremo, por su condición de fiscal general del estado antes de ser magistrado del alto tribunal, no haga lo mismo ahora que desempeña la presidencia del Constitucional.

«Hay que garantizar la obligada apariencia de imparcialidad que tiene que tener el TC y velar por el correcto funcionamiento de un órgano que siempre ha cumplido su deber», ha justificado la iniciativa Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, quien ha subrayado que los magistrados a los que el partido apela «no deben arrastrar el buen nombre del tribunal».

Bendodo no ha descartado, con todo, ampliar las recusaciones a otros miembros del TC que «tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados». En concreto, Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez cuyo controvertido nombramiento promovió el presidente para la corte de garantías y que fue director general de Justicia con Manuel Chaves, también sentenciado por los ERE, como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ilícitos en los expedientes de regulación de empleo.

El goteo de admisiones de los recursos del los afectados, resueltos con el aval de la mayoría progresista frente a la minoría conservadora, están a punto, a la espera de Griñán, de dejar en aguas de borrajas en uno de los sumarios por corrupción más extensos y severos de la política española. Y los populares vienen cuestionando la imparcialidad de este TC, acusando al tiempo a Sánchez de utilizarlo como «puerta trasera» para los indultos a los ex altos cargos socialistas a los que él no se «ha atrevido».