Las concentraciones contra la amnistía ante sus sedes abren la brecha entre el PSOE y el PP

«Interior obligó a nuestros agentes a tratar a las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente 'ley mordaza'», censuraron con dureza fuentes de los populares. Génova, que había guardado silencio hasta ahora respecto a las protestas –la primera fue el viernes–, quiso dejar claro que el PP no tiene nada que ver con las convocatorias en ninguna de las sedes socialistas, remitiéndose a su modelo de «movilizaciones pacíficas» desarrolladas «de un modo ejemplar» durante el último mes y medio en Madrid, Santiago, Toledo, Málaga y este domingo en Valencia.

«La forma de protestar contra las indignas negociaciones del PSOE es hacerlo de manera que Pedro Sánchez no logre que se desvíe la atención de su indecencia», isistían estas mismas fuentes antes de llamar a concentrarse 12 de noviembre en las 52 capitales de provincia como anunció la víspera Alberto Núñez Feijóo. La reacción provocó una oleada inmediata de reproches en el PSOE y el Gobierno, que arremetieron contra el PP por «no condenar de forma expresa los ataques a las sedes, ni a los vivas a Franco, ni los gritos contra la Constitución y el presidente» que se escucharon en las movilizaciones. «No vemos apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ayer casi ven superada su línea y en riesgo su integridad física», replicaron los socialistas, en alusión a las cargas en Ferraz del lunes y en una interpretación dispar a la que hacen los populares de los hechos. «Atentar contra los partidos es atentar contra la democracia», zanjó la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez.

La diatriba es ya tan agria que los aludidos desempolvaron las manifestaciones montadas ante sus oficinas centrales en Madrid    bajo la consigna de 'Pásalo' tras la masacre yihadista del 11-M de 2004 y horas antes de que lo españoles votaran en las generales. «Entonces fue el PSOE el que mandó a la gente a protestar a Génova diciendo 'España no merece un Gobierno que le mienta'», en alusión a las palabras que utilizó entonces Alfredo Pérez Rubalcaba para denunciar la atribución a ETA por el Gobierno de Aznar de la autoría de los atentados islamistas.

El PP, que se reafirma que nunca ha llamado a concentrarse ante las sedes de otros partidos, consideran compatible «apoyar» a las fuerzas de seguridad con la críticas a cómo respondió el Gobierno a la manifestación del lunes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió al paso para constatar que el hostigamiento político «no puede caber en una democracia» y asegurar que los agentes desplegados para garantizar la seguridad del PSOE actuaron con «criterios de proporcionalidad».

La realidad, no obstante, es que hacía años que los antidisturbios no usaban gases lacrimógenos para dispersar a una multitud como la congregada en Madrid, en torno a las 4.000 personas. La última vez que se utilizó de manera más o menos extendida este material, que puede conllevar graves problemas respiratorios, fue hace ya más de una década con las convocatorias masivas y antisistema para rodear el Congreso.

Las decenas de agentes antidisturbios que custodiaban el cuartel general del PSOE este lunes no solo hicieron uso del arsenal lacrimógeno, que en la escala de disuasión solo es superado por el lanzamiento de pelotas de goma, sino que también emplearon salvas y botes de fumígeno inocuo, además de practicar varias cargas; tácticas todas ellas que solo pueden ser permitidas por la Delegación del Gobierno, no por el jefe del operativo. Es decir, medió la orden de una autoridad política.

Interior lo justifica su esgrimiendo que había infiltrados de «estética ultra» y embozados, aunque no se ven en las imágenes. Según los atestados de la Policía, los problemas surgieron sobre la 21.00 horas, cuando esos individuos rompen el vallado de protección    y «empiezan a lanzar botellas de cristal y otros objetos sobre los agentes».

Vox, cuyos principales dirigentes estuvieron presentes en la protesta ante Ferraz –incluido su lídre, Santiago Abascal–, también arremetió ayer contra el Gobierno, anunciando incluso una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por someterse a las directrices del Ejecutivo contra los manifestantes.