El PP acelera y lleva ya al Senado la reforma para dilatar la aprobación de la amnistía

Con esta reforma, que saldrá adelante sin problemas al no necesitar el PP el apoyo de ningún grupo, la formación de Alberto Núñez Feijóo trata de estirar los plazos de la tramitación y frenar las prisas de los socialistas con la aprobación de la medida de gracia. Según el texto registrado la semana pasada, será la Mesa de la Cámara alta quien determine si una proposición procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia, es decir en un plazo de 20 días, o de forma ordinaria, pudiéndola demorar hasta dos meses.

La futura amnistía será una proposición de ley, que el PSOE quiere firmar conjuntamente con sus posibles aliados para la investidura, pero aún no se ha decidido si se tramitará o no por un procedimiento de urgencia. En previsión de que sea así –el Gobierno utilizó la vía exprés para aprobar la reforma del Código Penal que derogaba el delito de sedición y rebajaba el de malversación–, el PP ha movido ficha para intentar posponer al máximo su aprobación entre las críticas de los socialistas que denuncian que la modificación reglamentaria supone «alterar las reglas del juego» y amenazan con llevarla ante el Tribunal Constitucional.

Según el artículo 90 de la Carta Magna, el Senado dispone de «dos meses para vetar o enmendar el proyecto», que se reducirá a «un plazo de 20 días días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso». En el PP, sin embargo, defienden que ese precepto de la Ley Fundamental se refiere exclusivamente a los «proyectos, pero no a las proposiciones de ley». Y, por tanto, entienden que esto les permite modificar el reglamento.

Los socialistas no lo ven así y se apoyan en una sentencia de Constitucional de 1995 que dice que el artículo 90 es aplicable tanto para los proyectos como para las proposiciones de ley. «Si hubiese visos palmarios de inconstitucionalidad, los letrados no hubiesen permitido semejante calificación», se defendió el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto.

Los populares están decididos a plantar batalla al Gobierno desde el Senado. Este martes aprovecharon la primera sesión de control al Ejecutivo, a la que no acudió el presidente en funciones Pedro Sánchez ni otros cuatros ministros, para intentar poner contra los cuerdas al Gobierno por sus cesiones a los independentistas catalanes. «Tan radical es quien da un golpe de Estado como quien pide perdón al golpista», avisó el senador del PP, José Antonio Monago.

El expresidente del PP en Extremadura acusó al Ejecutivo de «sobrepasar todas las líneas rojas» y «coquetear con malversadores, sediciosos y supuestos terroristas» en referencia a la imputación del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el caso de los disturbios organizados por 'Tsunami Democràtic'. Se preguntó además si van a incluir el terrorismo en la futura ley de amnistía porque de ser así, vaticinó, «pronto veremos tocando a su puerta a EH Bildu para que hagan lo propio con ETA».

En la réplica, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró «respetar las decisiones judiciales», y criticó la actitud de los gobiernos del PP con el conflicto catalán. Les acusó de «ponerse de perfil» y dejar que los problemas se enquistaran «hasta que se generó un problema de primer orden» frente a la valentía mostrada por Sánchez, que apostó por «la paz, la convivencia y la concordia». «Creo en la gente y personas que construyen nuestro país. Pero no -le reprochó a Monago- en una oposición destructiva como ustedes».