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Cristian Reino
Barcelona
Miércoles, 29 de marzo 2023, 08:07
Clara Ponsatí, que en su día admitió que el 'procés' fue un «farol», amenaza con plantar al juez del Supremo, Pablo Llarena, en su vuelta a Barcelona. La exconsejera de Educación de la Generalitat regresó este miércoles a Bruselas, después de estar apenas 18 horas ... en la ciudad condal. Puso un pie en la capital catalana el martes, dio una rueda de prensa, fue detenida, estuvo cinco horas en el juzgado y hacia las once de la noche fue puesta en libertad. Siete horas después estaba viajando a la capital comunitaria. Asistió al pleno del Parlamento Europeo donde se encaró con la presidenta de la Eurocámara, a la que reprochó que no haya defendido su inmunidad y no haya hecho nada ante su «detención ilegal». La presidenta Roberta Metsola despachó la petición remitiéndola a la comisión jurídica.
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Llarena ha citado a Ponsatí para el 24 de abril. «Hay un juez en Madrid que tiene muchas ganas de hablar conmigo, yo no», aseveró. La exconsejera anuncia lío, pues no tiene intención de entregarse. No está claro si permanecerá en Bruselas o en Barcelona. Dice que van a «pasar cosas» de aquí a ese día 24. El independentismo radical vuelve a ondear la bandera de la desobediencia como vía de agitación. Un ensayo general de un posible regreso de Carles Puigdemont: este es el reclamo para movilizar a la parroquia.
El abogado del expresident se mostró este miércoles «convencido» de que éste volverá este año a Cataluña. Amenaza con precipitar la legislatura de Aragonès. Su situación procesal, en cualquier caso, es distinta a la de Clara Ponsatí, quien tras la derogación por el Gobierno de Pedro Sánchez del delito de sedición solo está acusada de desobediencia, mientras que Llarena reclama al expresidente para juzgarle por malversación y desobediencia. Podría ir a prisión, lo que dificulta su retorno.
El Gobierno insiste en que la situación de Cataluña no tiene nada que ver con la de 2017 y que «teatros» como el que a su juicio protagonizó la eurodiputada son los «últimos coletazos» del 'procés'. Pero Puigdemont aún tiene capacidad para desestabilizar la política catalana. Y, en concreto, para torpedear el giro pragmático de su partido, que vuelve a mirar hacia su pasado convergente. Junts se juega su futuro con el 'caso Puigdemont' pero también con el de Laura Borràs, cuya sentencia se conocerá este jueves. Está por ver cómo reacciona la presidenta del partido al fallo por presunta corrupción. Ponsatí, Puigdemont y Borràs se encuadran en el sector radical de Junts, el que acusa al Govern de Aragonès de colaboracionista con el Estado.
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El retorno de Ponsatí ha vuelto a enfrentar a las fuerzas independentistas. El presidente de la Generalitat habló este miércoles. Mostró su alegría por el regreso a casa de la exconsejera, pero le advirtió de que su retorno se ha producido «gracias» al acuerdo de ERC con Sánchez para derogar la sedición del Código Penal.
En el regreso de Ponsatí, Puigdemont ha tratado de que se visualicen las dos estrategias, la de Junts y la de ERC. El expresidente insiste en la vía de la confrontación, en seguir poniendo obstáculos al diálogo con el Gobierno, mientras Esquerra aboga por mantener la mano tendida y tratar de resolver el conflicto en una mesa. En ERC no contaban con el efecto bumerán de la reforma penal. Ponsatí no solo se beneficia de ella, a pesar de criticarla, sino que la utiliza para desestabilizar al Govern.
El PP considera una «humillación al Estado, a la justicia y a los ciudadanos» la vuelta fugaz a España de la exconsejera catalana Clara Ponsatí, detenida y puesta en libertad el martes después de que pese sólo sobre ella un delito de desobediencia, al ser derogada en diciembre la sedición tras un acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Esquerra.
Un pacto que, según Génova, ha permitido que la exconsejera de Carles Puigdemont haya «entrado por una puerta de comisaría» y «haya salido por la otra», burlando así al Tribunal Supremo, que no ha podido hacer cumplir su sentencia y ha tenido que limitarse a citarla para el próximo 24 de abril. «Es una humillación histórica», insisten en la dirección nacional.
Los populares creen que la puesta en libertad de Ponsatí tras su «paseo» por Barcelona cinco años después de su huída al extranjero refleja «el pago con cargo a la dignidad del estado» que Sánchez ha hecho al independentismo catalán al modificar de forma exprés el Código Penal para favorecer a los líderes condenados por el 'procés' a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos.
El primer partido de la oposición denunciaque el regreso de la exconsejera de Enseñanza y actual eurodiputada de JxCat es «una muestra más de que este Gobierno ha legislado pensando en agradar a los soberanistas fugados» mientras que humilla a los ciudadanos, «que no son iguales ante la ley», y que cuando cometen un delito «son juzgados por ese delito».
En Génova extienden esa «humillación» a la justicia porque «no puede aplicar las sentencias», bien porque se produzcan indultos, o porque se modifiquen las leyes. que dicta sentencias que después «no puede aplicar» bien porque se produzcan indultos o porque se modifique «de manera unilateral» el Código Penal por parte del Gobierno eliminando el delito de sedición.
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