El PP acusa a Sánchez de trilerismo político por la renovación del CGPJ

La respuesta de Pons al respecto consistió en acusar al Gobierno de «enturbiar» unas eventuales negociaciones dedicándose a «filtrar papelitos» que no guardan valor alguno, lo que tildó de «prácticas de trilerismo». «Da vergüenza», dijo tras aludir de nuevo a aquella primera reunión y narrar cómo aclaró al Ejecutivo que cualquier negociación con ellos «partiría de cero». Bolaños, según Pons, amenazó con filtrar ese y otros acuerdos alcanzados con el expresidente Pablo Casado -tal y como el PP asegura que ha sucedido ahora- e incluso llegó a admitir que podían aceptar las condiciones que ya la nueva dirección popular solicitaba, pero que los acuerdos con ERC en otros frentes imposibilitaban aproximarse de forma tan rápida a los populares.

La contraofensiva del PP a las acusaciones vertidas desde el PSOE -la ministra de Defensa, Margarita Robles, insistía hoy en que Feijóo debe dejar de poner «excusas»- consistió en exponer lo que, según ellos, impide realmente la renovación del Poder Judicial: las alianzas con fuerzas nacionalistas de Sánchez. «No vamos a aceptar que ERC vaya por delante en cuanto a la renovación del Poder Judicial», atestiguó González Pons.

Desde el principal partido de la oposición señalan que sus condiciones llevan tiempo encima de la mesa. Como reclamo más importante exigen cambiar el sistema para que los jueces elijan a los jueces y que la negociación vuelva a la Cámara baja. Aunque insisten en que no van a adoptar una postura «obstruccionista».

No obstante, ni el tono ni el discurso actual de ambas formaciones invita al optimismo. Buena prueba de ello es la forma en la que concluyó la segunda y última reunión entre González Pons y Bolaños el pasado 11 de julio, la cual no arrojó nada positivo. La línea roja de los populares pasaba por que el PSOE retirase la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitía de nuevo los nombramientos del TC. No sucedió. Además, al sacar adelante la iniciativa con los votos de ERC, la contraprestación, sostenían los populares, sería la elección de un magistrado afín a los independentistas -algo que se comprobará en septiembre cuando el Gobierno designe a dos de los magistrados-. Se trata de la misma modificación legal que la anterior cúpula de los populares habría acordado con el Ejecutivo.

Esa posible contraprestación a ERC a la hora de elegir magistrados para el TC es la razón por la que en el PP sostienen que el Gobierno con quien pretende realmente acometer la renovación del CGPJ, además de con sus socios de ERC, es con Bildu. «El Gobierno debe decidir si lo hace con ERC o EH Bildu, o con nosotros», espetó González Pons.