Una ponencia sobre el aborto 'suavizada' abre la puerta al consenso en el TC

Según señalan fuentes de la corte de garantías, el texto de Arnaldo cuestiona la ley únicamente en dos aspectos relevantes: la necesidad de una mayor información a la mujer que decide interrumpir su embarazo –escrita, pero también oral– y el reconocimiento íntegro, no sujeto a limitaciones, de la objeción de conciencia de los médicos. Esto no quiere decir que el pleno del TC, de mayoría progresista tras la última renovación, vaya a respaldar la ponencia 'suavizada' de Arnaldo. Es más, rechazará cualquier limitación para dificultar la libre decisión de la mujer. Ello no impide que en el bloque liderado por el presidente, Cándido Conde-Pumpido –que cuenta sobre el papel con siete de los once componentes del pleno–, exista una firme determinación de buscar una sentencia consensuada con el ala conservadora.

El recurso del partido entonces liderado por Mariano Rajoy, que pese a la mayoría absoluta de su primera legislatura y a las promesas electorales no tocó los plazos de la norma socialista –lo que motivó la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia–, impugnó nueve artículos de la ley de 2010; entre ellos el que establece el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, siempre que se haya informado a la embarazada de los derechos y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

Para mayor paradoja, el pleno del TC del martes verá la ponencia mientras las Cortes Generales dan el último paso para aprobar la actual reforma del aborto promovida por Unidas Podemos. La nueva norma del Ministerio de Igualdad revertirá el leve retoque que el PP hizo en solitario en 2015: que las embarazadas de 16 y 17 años precisan de permiso paterno para poder interrumpir el embarazo. Y también los tres días de reflexión antes de ratificar la intención de abortar.

En paralelo, al debate técnico se suma otro asunto ciertamente comprometido: el hecho de que cuatro magistrados tuvieran una participación directa en los informes que se emitieron durante la tramitación de la 'ley Aído', en 2009, lo que les obligaría a apartarse por ley del debate.

La supuesta 'contaminación' afecta al propio presidente, al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a las magistradas Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. Conde-Pumpido presidió como fiscal general del Estado el Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de ley. Tal fue su implicación que secundó un texto distinto al de la mayoría avalando la ley y envió dos informes al Gobierno. Respecto a Campo era secretario de Estado con el socialista Francisco Caamaño como ministro durante la tramitación de la norma, que pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

De igual forma, Montalbán y Espejel participaron como vocales del CGPJ –la primera a propuesta del PSOE; la segunda, del PP– en ese informe no vinculante pero sí obligatorio en el caso de anteproyectos de ley. Espejel cuestionó la constitucionalidad de la ley.

Fuentes jurídicas explican que se trataría de abstenciones «de libro». Pero excluir de las deliberaciones a esos cuatro magistrados dejaría al TC sin el quórum de ocho integrantes exigido. En un auto de 2021, el pleno determinó que opiniones anteriores no pueden ser un motivo de cuestionamiento de la imparcialidad.