¿Qué son las políticas activas de empleo?

Esto es cierto, sí, pero también es verdad que el Ministerio de Trabajo, a través de la secretaría de Estado de Empleo, coordina las líneas generales de actuación y decide el reparto de fondos a cada región, para lo cual los Presupuestos de 2018 incluyen un dotación cercana a los 6.000 millones de euros. Concretamente, 5.716 millones, lo que dista mucho de los casi 18.000 millones que se destinan a las denominadas 'políticas pasivas de empleo', es decir, las prestaciones y subsidios para desempleados.

Así por ejemplo, el Gobierno aprobó en diciembre pasado es un Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 dirigido a reducir el elevado paro juvenil y que podría encuadrarse dentro de esta partida. De hecho, incluyó medidas como 3.000 nuevos orientadores, formación en competencias digitales e idiomas y bonificaciones a la contratación, para lo cual se dotó de un presupuesto de casi 2.000 millones.

Para el reparto de fondos se celebran periódicamente las conferencias sectoriales, en las cuales se distribuyen las partidas por regiones en función de una serie de parámetros. Así, por ejemplo, en la última conferencia celebrada recientemente se acordó el reparto de 2.317 millones, un 9% más que el ejercicio anterior. A esta cantidad cada comunidad le suma además un presupuesto propio para programas específicos.

El objetivo último de las políticas activas de empleo es ayudar a las parados a encontrar un trabajo a través del asesoramiento y la formación, pero también es competencia de esta área la formación de los trabajadores con el fin de adaptarse a los cambios de su puesto y no perderlo por falta de cualificación. Para ello, constan de diferentes programas de intermediación y colocación en el mercado de trabajo, así como partidas destinadas a la formación y el aprendizaje, e incentivos a la contratación, una partida que desde diferentes organismos cuestionan y que incluso en ocasiones abogan por eliminarlas.

En el Presupuesto de 2018, que este año ha sido prorrogado, se destinan, por ejemplo, 1.936 millones para bonificaciones a la contratación de trabajadores desempleados y 2.284 millones para actuaciones de carácter formativo, de los cuales 792 millones se dirigen a formar a desempleados y 1.096 millones a formar a los ocupados.

Si la gestión de los fondos está transferida, el diseño de las políticas activas de empleo sí compete exclusivamente al Ministerio y, de hecho, el propio Pedro Sánchez se comprometió durante su discurso de investidura a transformar las políticas activas de empleo y reordenar los subsidios por desempleo, algo que ya estaba encima de la mesa del anterior gobierno del PP, así como prometió convertir a España en el primer país con derecho a la formación continua, lo que incluye también a los más de 19,5 millones de afiliados.

En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) habló en un informe publicado en junio del «amplio margen de mejora» en la gobernanza y la eficacia de los entre 6.100 y 6.500 millones de euros que calcula que se gastan en España en políticas activas de empleo, ya que presentan «claras deficiencias» que cuestionan la calidad del gasto. El organismo propone implementar herramientas de perfilado, incorporar la evaluación como práctica habitual y diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales, unas medidas que llevan tiempo encima de la mesa pero que no terminan de ver la luz.