La telaraña judicial del proceso

Las responsabilidades penales del 9-N, por lo tanto, ya las dirimió la Justicia, pero ahora el Tribunal de Cuentas tiene un procedimiento abierto para resolver las contables. Concluida la instrucción y analizadas las alegaciones presentadas por los investigados hasta el 25 de septiembre, el órgano fiscalizador exigirá el afianzamiento del daño causado al erario, 5,2 millones. En caso contrario, procederá al embargo del mismo sin perjuicio de lo que decida el tribunal, es decir, si hay castigo o no.

Este procedimiento contable es solo una pata más de la telaraña judicial en la que se encuentran sometidos los principales actores del proceso secesionista. Otros cinco tribunales tienen abiertos frentes penales y administrativos.

La respuesta principal llega desde la corte de garantías. Todas las decisiones jurídicas de relevancia encaminadas a la desconexión han sido declaradas inconstitucionales o están suspendidas ya de vigencia hasta que llegue el turno de ser anuladas. Los magistrados lo han hecho por unanimidad. Esto es, sin dejar resquicios al debate que puedan ser utilizados por los soberanistas. Pero este panorama aparentemente alentador para la acción del Gobierno tiene claroscuros. Desde el Constitucional no ven con buenos ojos que el Ejecutivo les convierta en muro de contección del desafio soberanista. Consideran las fuentes consultadas que la imagen de la corte puede verse dañada por un conflicto político. El hecho es que el alto tribunal se partió con votos particulares cuando el Gobierno les entregó hace dos años nuevas herramientas más propias de los órganos judiciales: la posibilidad de suspender de forma cautelar en sus funciones a la autoridad que desobedezca una resolución. Hasta ahora no se ha hecho uso de esta prerrogativa y se ha preferido que sea la Fiscalía quien impulse las investigaciones penales.

La Sala Civil y Penal fue la encargada de condenar a dos años de inhabilitación a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por un delito de desobediencia en el 9-N. Posteriormente, el Supremo condenó a 13 meses al diputado de PDeCAT Frances Homs por los mismo hechos. La sala tiene abierta otra causa por presunta prevaricación y desobediencia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y tres miembros de la Mesa. En todos los casos por dar pasos en la desconexión ignorando las resoluciones del Constitucional y tras querellarse el fiscal.

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona investiga si la Generalitat dispuso de forma irregular de los datos fiscales de los catalanes y de fondos ocultos para crear estructuras de Estado. La causa se inició tras unas declaraciones del juez Santiago Vidal, suspendido de sus funciones por redactar un borrador de Constitución catalana. La Guardia Civil investiga quién pagó el acto de presentación del referéndum del 4 de julio, y la Fiscalía, la campaña publicitaria de promoción del 1 de octubre.

Tras la condena a Francesc Homs por el 9-N, la Sala Segunda (Penal) debe resolver los recursos sobre los tres condenados por el Superior de Cataluña por un delito de desobediencia. El castigo a Homs anticipa que la sala confirmará también las penas a Mas, Rigau y Ortega. En el primer caso, los magistrados sugirieron que habría sido posible el castigo por malversación de fondos públicos, una circunstancia que abre la puerta a futuras penas de prisión.

Pese a ser un tribunal muy activo por sus competencias nacionales, su protagonismo es menor. Un juzgado archivó la causa por incitación a la sedición contra un concejal de la CUP y ha cerrado algunos de las cinco abiertas contra ayuntamientos que respaldaron la desconexión.