Ramírez Sunyer, el juez que azota al independentismo

Recién cumplidos los 70 años, Ramírez Sunyer ingresó en la carrera judicial por oposición en 1991, por lo tanto se trata de un magistrado que llegó a la judicatura de forma tardía, con 44. Según la última reforma, le quedarían dos años como máximo para jubilarse si así lo decide.

Tras pasar toda su vida profesional en diversos juzgados de primera instancia e instrucción de Cataluña (Terrasa, Badalona y Sant Boi de Llobregat), en 2003 llegó a Barcelona. Allí ha pasado bastante desapercibido y se le conoce de forma puntual por algunas resoluciones relacionadas precisamente con asuntos propios de la situación política de Cataluña.

En verano de 2015, por ejemplo, abrió diligencias tras recibir una denuncia de un colectivo contra el entonces director general de los Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, por un delito de omisión de perseguir delitos. Los hechos se referían a los pitidos en la final de la Copa del Rey del 30 de mayo de 2015, lo que podría considerarse presuntas injurias al Rey y ultraje a los símbolos de España. La acusación pidió también la imputación del entonces presidente Artur Mas, y el caso acabó archivado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras remitirlo el juez Ramírez Sunyer por tratarse de un aforado.

Y en febrero pasado, el partido VOX y el abogado Miguel Durán presentaron sendas querellas contra el juez inhabilitado y exsenasor de ERC Santiago Vidal por decir en una conferencia que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los ciudadanos. Recayó en el Juzgado de Instrucción 13 y el magistrado Ramírez Sunyer la admitió a trámite. Declarada desde entonces secreta, el magistrado ha ido realizando diligencias con la Guardia Civil para aclarar si las palabras de Vidal tenían algo de veracidad. También investiga a otras dos personas por estos hechos.

Según fuentes jurídicas, de esa competencia viene la operación de este miércoles, que al no ir dirigida de momento contra aforados puede tramitar el juzgado ordinario de Barcelona. Ha llamado la atención, eso sí, que las órdenes de detención y registros las haya tomado de oficio, esto es, sin consultar a la Fiscalía Provincial.