Rajoy, al Govern: «Están a tiempo de evitar males mayores»

También ha hecho una advertencia a quienes "aprovechan el órdago independentista" para "generar inestabilidad en las calles" y "debilitar las instituciones". "Les advierto de que tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad en un momento tan decisivo de la vida política", ha añadido.

Tras la detención de catorce supuestos organizadores del referéndum, entre ellos una decena de cargos de la Generalitat, y la intervención de numeroso material, Rajoy ha defendido la "respuesta integral del Estado de derecho".

"Lo que está en juego no es una demanda política, está en cuestión el propio fundamento de la democracia, el Estado de derecho ha actuado y seguirá actuando" ha dicho Rajoy, quien ha insistido en que para cada ilegalidad y vulneración de la ley habrá una respuesta "firme, proporcionada y rigurosa".

Y ha añadido en los últimos días se ha demostrado que España es un "Estado democrático y de derecho" que tiene los mecanismos e instrumentos necesarios para impedir que quienes infringen las normas básicas no puedan hacerlo.

Mecanismos también, ha apostillado, para exigir responsabilidades a quienes "con tanta imprudencia" están poniendo en "grave riesgo" la convivencia.

Rajoy está satisfecho del apoyo que le han reiterado este miércoles en el Palacio de la Moncloa el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a sus decisiones para abordar la crisis catalana tras las detenciones de altos cargos de la Generalitat para evitar el referéndum del 1 de octubre.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que las reuniones mantenidas por Rajoy con Sánchez y Rivera han certificado, por separado, ese respaldo. No han detallado el intercambio de impresiones tras esos arrestos efectuados por la Guardia Civil y la reacción del presidente catalán, Carles Puigdemont. "Lo más importante es que se mantiene la unidad en defensa de la Constitución", han recalcado las fuentes citadas.

En ese sentido, han insistido en que Rajoy mantendrá todas las conversaciones que sean necesarias con ambos líderes para informar sobre los pasos a dar durante el proceso soberanista. Así, se ha mostrado el compromiso de información permanente que ya trasladó al PSOE y a Ciudadanos en la gestión del desafío independentista.

Pedro Sánchez, por su parte, ha suspendido su agenda internacional prevista para la próxima semana debido a, según fuentes socialistas, esta polémica en Cataluña. Su previsión era salir este jueves de España para acudir a la reunión de la Internacional Socialista en Nueva York y al Foro organizado por la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS) en Canadá. Sin embargo, la dificultad de retornar en un breve plazo de tiempo en caso de que fuera necesario es lo que ha motivado que suspendiera el viaje.

Después de que el Congreso, con los votos del PSOE, tumbara el pasado martes una proposición de Ciudadanos en respaldo del Gobierno y el poder judicial, el PSOE se ha apresurado a confirmar en la sesión de control que se mantiene intacto apoyando la defensa de la legalidad y que su posición tuvo más que ver con el "oportunismo" de Rivera. "En este país todos los registros se hacen por decisión judicial, es un Estado democrático de Derecho", ha cerrado filas el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ante el plante de los secesionistas en la Cámara baja.

Del mismo modo, Rivera ha defendido las actuaciones judiciales y los arrestos de este miércoles. "Cuando unos señores deciden tirarse por el precipicio, las fuerzas de seguridad y la justicia tienen que impedirlo. Con serenidad y firmeza damos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad, a los funcionarios y a todos los que cumplen las leyes", ha proclamado en el Congreso antes de reunirse con Rajoy.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que en un Estado democrático se puede plantear "lo que se desee" por los cauces adecuados. De visita en Teruel para firmar el Fondo de Inversiones 2017, ha insistido ante los medios en varias ocasiones que la obligación del Gobierno al que pertenece es impedirlo en cumplimiento de la Constitución Española y de las leyes.

"Creyendo que su voluntad y su palabra es ley, como algunos en Cataluña han planteado, no se llega a ningún sitio", ha aseverado la vicepresidenta. Por eso ha emplazado a los miembros de la Generalitat, reunidos en Consejo de Gobierno extraordinario, a que aprovechen esta oportunidad para "reflexionar", puesto que "hay muestras evidentes" de que el referéndum "no se va a celebrar".

Y les ha emplazado a que "no lleven a Cataluña a situaciones que no merece vivir por su desobediencia y desacatos", sino que opten por "volver a la democracia". Porque en un país democrático, ha agregado la vicepresidenta, hay cauces que permiten "discutir y discrepar de absolutamente todo".

En ningún caso la solución, ha advertido, pasa por llegar a un acuerdo sobre un referéndum pactado. "El Gobierno no puede dar aquello que no tiene, y en España, con nuestra Constitución, el referéndum que pretende la Generalitat es ilegal, y ningún Gobierno puede ceder la soberanía del conjunto de los españoles", ha explicado.

La posibilidad de incluir en la Carta Magna la convocatoria de referendos de autodeterminación fue rechazada por las Cortes Generales y por los ciudadanos cuando votaron la Constitución en 1978, ha recordado.

Por eso, quienes en Cataluña quieren la independencia tienen "una vía" para hacerlo, que es conseguir las mayorías necesarias para instar la reforma de la Carta Magna y "convencer al conjunto de España" para que les respalden. "Uno no puede pensar que si no tiene esas mayorías puede hacer lo que le venga en gana con tal de lograr sus fines", ha remarcado Sáenz de Santamaría.

Incluso ha insistido en que el Gobierno de España, ante los "ataques gravísimos" de la Generalitat contra la Constitución y contra los derechos de los ciudadanos, actuará "con una gran fortaleza, dentro de la templanza pero también de la firmeza" para garantizar el cumplimiento de la ley.

Frente a quienes se consideran por encima de la norma, el Gobierno de España, las autoridades judiciales y la fiscalía tienen la obligación de "garantizar los derechos de todos los ciudadanos" y la vicepresidenta considera que "se está dando respuesta" desde el Estado al desafío de la Generalitat. Entre otras cosas, ha agregado, porque hay muchos ciudadanos en Cataluña que han sentido "directamente" el "acoso" por parte de "algunos que apoyan y jalean esta hoja de ruta de la Generalitat".