La Fiscalía, de la dulzura al mazazo

«Se ha pasado de la dulzura de Torres-Dulce al rotundo mazo de Maza», dicen en tono jocoso en algunos despachos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. También un miembro del Gobierno reconoce que en el 9-N actuaron «a rebufo» de los pasos que daba la Generalitat sin una estrategia preconcebida, cuando ahora, subraya, todo está planificado, «cada escenario tiene una carpeta», para atender todas las contingencias. Ante situaciones similares, respuestas diferentes por la distinta percepción de la gravedad del desafío rupturista. El Gobierno de Rajoy casi se tomó a broma el 9-N, algo que no ocurre con el 1-O.

En ambos casos la sintonía entre el Ejecutivo y el Ministerio Público ha sido total, y aunque tanto unos como otros sostengan con énfasis que la Fiscalía es autónoma e independiente del Gobierno, la realidad muestra otra cara. La Moncloa recurrió el referéndum del 9-N ante el Tribunal Constitucional, que lo anuló. Pero cuando el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, cambió el nombre de la consulta de autodeterminación por el de proceso participativo y mantuvo la convocatoria, la reacción del Gobierno central fue casi displicente. Instó a la corte de garantías a que recordara a Mas que la votación estaba anulada, pero el tribunal desoyó la petición, y ahí se quedó todo.

El 7 de noviembre la Fiscalía de Cataluña reclamó «de forma urgente» a los Mossos que le informaran de los locales públicos en los que se iba a votar y que identificara a las personas responsables de esas dependencias. Pero el día de autos vio innecesaria por desproporcionada, lo mismo opinó el Gobierno, la retirada de las urnas, aunque aceptó a trámite las denuncias presentadas por partidos y particulares contra la votación.

Solo el 10 de noviembre, en vista del éxito político y la repercusión internacional de la consulta, tomó cartas en el asunto. El Gobierno dio a entender que la Fiscalía iba a actuar y una dirigente del PP, Alicia Sánchez Camacho, anunció que la querella se presentaría ese mismo día y hasta detalló los delitos. El 13 de noviembre, sin embargo, la Fiscalía Superior de Cataluña no vio materia penal para proceder contra el Gobierno de Mas y en una posterior reunión de los fiscales catalanes se desaconsejó por seis votos a tres actuar contra la Generalitat. Un cisma en toda regla.

Torres-Dulce ignoró el revés y, con el respaldo de la Junta de Fiscales de Sala, ordenó nueve días después de la votación la querella contra Mas y tres de sus entonces consejeros. La Fiscalía no incluyó en su escrito el delito, penado con cárcel, de malversación de fondos públicos, algo que reprochó con posterioridad el Tribunal Supremo. Las querellas se sustanciaron tres años después con leves condenas de inhabilitación para los cuatro querellados.

Un mes después de aquellos episodios, el 18 de diciembre de 2014, Torres-Dulce dimitió en medio de reproches internos por su débil reacción al pulso soberanista. El Gobierno de Rajoy tomó nota y, tras el breve paréntesis de Consuelo Madrigal, colocó a Maza el 25 de noviembre de 2016 al frente del Ministerio Público para, entre otras misiones, responder con energía al desafío rupturista. En la apertura del Año Judicial, el pasado 5 de septiembre, el fiscal general ya anticipó que su actuación sería «firme y enérgica» en defensa de «la patria común e indivisible».

Tras el tormentoso pleno del Parlamento catalán que aprobó la ley del referéndum y después de la convocatoria formal de la consulta, Maza ordenó a la Fiscalía Superior de Cataluña querellarse contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los 13 miembros de su Ejecutivo, así como contra los cinco integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica que apoyaron la tramitación de la norma. Fue el primer paso de una serie de actuaciones que han llevado al Ministerio Público a plantear la citación como investigados de los 712 alcaldes que facilitarán la organización del 1 de octubre.

En definitiva, mientras Torres Dulce procedió un mes después contra cuatro miembros del Gobierno catalán por el 9-N, Maza, antes de llegar a la fecha de la votación, ya se ha querellado por desobediencia, prevaricación y malversación contra una treintena de altos cargos y alcaldes, ha reclamado a los tribunales que investiguen a más de un centenar de segundos escalones del Ejecutivo de Puigdemont y ha citado a declarar a más de 700 regidores. Además, ha dado instrucciones precisas a los Mossos d'Esquadra, Policía y Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum y ha apercibido a «particulares», entre ellos los directores de medios de comunicación, de que se arriesgan a sanciones penales si participan en la preparación y realización de la consulta independentista.