El Estado contra la ilegalidad

La deriva podía haber sido contenida básicamente de dos maneras: una primera, por vías políticas, aplicando el artículo 155 de la Constitución, y utilizando o no la fuerza según la respuesta obtenida. Algunos pensamos que en cuanto se constató que el Parlamento catalán estaba creando una realidad paralela para hacerla rivalizar con la Constitución había que haber actuado, con lo que se hubiera impedido llegar tan lejos. Y se hubiesen evitados consecuencias penales que pueden acabar lastrando la salida del túnel.

La segunda manera era permitir el desarrollo normal de los acontecimientos: la fiscalía había de denunciar los actos ilícitos y al gobierno le correspondía recurrir las normas que consideraba inconstitucionales ante el TC. Esto es lo que se ha hecho finalmente. Las detenciones que ha practicado la guardia civil lo han sido a instancias del titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. Este magistrado dirige desde hace meses una causa abierta tras las querellas presentadas por el abogado Miguel Durán y el partido político Vox contra el exjuez y exsenador de Esquerra Republicana Santiago Vidal, que había realizado unas imprudente declaraciones en las que aseguró que el Gobierno catalán estaba siendo muy eficiente en la preparación del referéndum, ya que había conseguido apoderarse ilegalmente de los datos fiscales de los ciudadanos y disponía de partidas presupuestarias secretas para llevarlo a cabo...

Paralelamente, la fiscalía pidió la pasada semana a los cuerpos policiales que investiguen todos los reparativos del 1-O, lo que ha dado como fruto la requisa de abundante material… La respuesta ciudadana ha sido airada pero de proporciones manejables por ahora. Podemos, en su delirio, ha organizado concentraciones en Madrid y otros lugares, con escasa afluencia. La CUP amenaza. Pero Barcelona no ha salido masivamente a la calle a defender a sus sectarios dirigentes. Las movilizaciones han sido descriptibles, lo que confirma la tesis de que los independentistas habían cometido una colosal sinécdoque: la confusión del todo por la parte.

Con estas operaciones, la celebración del 1-O parece desmontada, o reducida a la mínima expresión, a un simulacro todavía menos consistente que el del 9-N. Falta saber ahora cómo proseguirá el proceso de respuesta a lo sucedido. Los líderes directos del desaguisado –Puigdemont, Junqueras, Forcadell— están amenazados de inhabilitación (al menos) por haber incumplido las resoluciones del Constitucional. Los jueces podrían decretar medidas preventivas. En cuyo caso, las elecciones autonómicas que más pronto que tarde tendrán que poner un punto y aparte a este aquelarre se celebrarían bajo otras expectativas. De cualquier modo, nada volverá a ser como antes: el desparpajo con que se pronunciaban los dirigentes de esta descabellada aventura al margen de leyes que nos obligan a todos porque así lo hemos querido los ciudadanos ya no se repetirá, lo que no significa que el conflicto haya concluido. Es ahora cuando las grandes fuerzas democráticas tienen que poner toda la carne en el asador para dar comienzo a un proceso de diálogo –será importante elegir bien a los interlocutores— no tanto para desactivar la secesión cuanto para emprender el reencuentro y la recuperación de la fraternidad sobre nuevas bases.