El desafío

El elefante ha entrado en la cacharrería y ya es imposible evitar el estropicio. Desengañados quienes sostuvieron hasta el último momento que el coche de los fanáticos frenaría para ofrecer una salida negociadora, los hechos no hacen más que acreditar que la auténtica 'operación Cataluña' la habían preparado 'junts' desde hace mucho y minuciosamente.

Ahora da incluso la impresión de que los demócratas van por detrás de los acontecimientos. Rajoy dijo ayer dos cosas de mucho calado. La primera que “no renuncia a nada” para frenar la sedición y defender la democracia. La segunda que a los ciudadanos les debe preocupar lo que está ocurriendo porque se juega su futuro, sus derechos, su país y su convivencia. En el fondo estaba preparando a la opinión pública para cuando lleguen los momentos más duros y las medidas más tajantes. De momento están actuando tribunales, fiscales, grupos parlamentarios y se mantiene el pulso en términos de proporcionalidad.

De momento nos movemos en un terreno de recursos y advertencias. Pero la obcecación de Puigdemont y Junqueras subidos en el tigre de la CUP no garantiza que en las próximas semanas se mantenga el desafío en términos aceptables. Ya han empezado las coacciones a los alcaldes, a los medios, a las fuerzas del orden, para que se sumen al desacato y la insumisión. Y quienes con una mayoría precaria de diputados se han saltado la legalidad española y catalana y no han dudado en forzar la quiebra social en su comunidad parecen perfectamente determinados a llegar hasta el final del desafío y obligar al estado de derecho a activar todos los resortes.

Afortunadamente estas frenéticas horas han puesto de relieve que, con pequeñas excepciones, cada uno está en su sitio: gobierno y oposición, fiscales, TC, letrados del Parlament. Eso ya es una garantía de unidad frente a quienes pretenden dinamitar la democracia y la convivencia. Si la situación desborda ese marco de juego y se activan instrumentos de mayor contundencia penal la responsabilidad únicamente recaería en quienes pretenden obligar a los ciudadanos a optar por una legalidad ilegítima en detrimento del marco constitucional que nos garantiza la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.