La manifestación de la ley mordaza deriva en una protesta masiva contra el Gobierno

Desde el principio de la marcha que partió de la Puerta del Sol con destino a Castellana 5, sede del Ministerio del Interior, las proclamas contra el Ejecutivo de coalición se dejaron oír más alto que los lemas en contra de la reforma legislativa que todavía no ha comenzado a tramitarse o a favor de la equiparación salarial. Los gritos de «¡Marlaska vete ya!» o «¡Sánchez dimisión!» atronaron mucho antes de que la marcha llegara a las puertas del palacete de Interior en la esquina con la Plaza de Colón.

A pesar de la desapacible mañana en la capital de España -con mucho frío y rachas de viento y lluvia- fueron decenas de miles los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos autonómicos y locales los que marcharon tras la pancarta con el doble lema de «No a esta reforma. No a la inseguridad ciudadana». Según los convocantes, fueron 150.000 los asistentes a la protesta. Una cifra que Delegación del Gobierno redujo a apenas 20.000.

Sea como fuere, lo cierto es que la manifestación no llegó, como pretendían los convocantes, a colapsar el centro de la capital. De hecho, ni siquiera consiguieron llenar la Puerta del Sol, donde se pudo pasear con comodidad a pesar de las banderas de España, pancartas y disfraces de los asistentes.

Casi tanto protagonismo como los funcionarios tuvieron desde el principio os tres partidos de oposición que apoyaron esta protesta, PP, Vox y Ciudadanos. Pablo Casado (que unió a la marcha al filo de las 13 horas), Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Santiago Abascal o Inés Arrimadas, entre otros, se hicieron notar con un revuelo mediático considerable, aunque en todo momento evitaron reeditar la foto de Colón coincidiendo los líderes de las formaciones en un mismo plano.

Finalmente, y por expreso deseo de los organizadores, al frente de la manifestación se situaron exclusivamente representantes del medio centenar de asociaciones, plataformas y sindicatos a los que Jusapol y sus dos 'franquicias' (Jupol y Jucil) han acabado arrastrando a la movilización. La oposición radical desde el inicio de Jusapol al proyecto de reforma y su enfrentamiento directo con Fernando Grande-Marlaska ha terminado por marcar el paso tanto a funcionarios como a políticos ajenos a las fuerzas de seguridad.

El tsunami contra las modificaciones acordadas por PSOE y UP ha acabado, incluso, con años de enfrentamientos sindicales en la Policía y la Guardia Civil. De hecho, una de las pancartas principales de la marcha de este sábado («Policías unidos contra esta reforma») dejaba claro que la batalla común contra el proyecto de los partidos del Gobierno ha servido al menos para que se firme tregua en la batalla fraticida en la que llevaban embarcados desde hace casi un lustro los colectivos profesionales de los cuerpos policiales.

Los gritos de «¡presidente, presidente!» con los que fue recibido Abascal a su llegada a la manifestación dejaron bien a las claras que la política iba a teñirlo todo este sábado en la marcha policial. Luego, los discursos de los líderes de la oposición confirmaron que la manifestación se había convertido en un acto multitudinario contra el Ejecutivo.

«No puede ser que un Gobierno defienda a los delincuentes. Marlaska está muy ocupado acercando presos etarras con delitos de sangre mientras deja tirados a los jueces, a la Policía y a la Guardia Civil», afirmó Casado. «Estamos aquí contra una ley aprobada por el Gobierno junto a los enemigos de España y del orden constitucional. Estamos en la calle junto a los más esforzados servidores de España», apuntaló por su parte Abascal. «Lo que intenta hacer el entorno del Gobierno de Sánchez y sus socios es dejar amordazados precisamente a los agentes, los que nos ayudan a protegernos a todos los demás», apostilló Díaz Ayuso. «Sánchez se está dejando llevar por sus socios, que lo que quieren es que la policía sea la mala siempre, se la desproteja y que se proteja a los delincuentes», constató Arrimadas.

Las reformas pactadas por PSOE y UP que los policías aspiran a frenar con sus movilizaciones son siete: la eliminación de la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización; la prohibición tácita del uso de pelotas de goma en algaradas; la obligación de devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto, convirtiendo a los funcionarios en una suerte de «taxistas»; las personas que se nieguen a ser identificadas solo podrán ser retenidas dos horas frente a las seis de la actual normativa; la no sanción de concentraciones «espontáneas»; la pérdida de presunción de veracidad del atestado policial si los hechos consignados por los agentes no resultan coherentes; y el hecho de tener en cuenta la capacidad económica individual de cada persona condenada a la hora de fijar las sanciones.