El pasado 15 de diciembre una guardia civil del puesto de Quintanar del Rey, en Cuenca, se quitó la vida tras matar a sus dos hijas. Ese mismo día, otro agente del instituto armado -de 25 años, recién separado y con un bebé- se suicidó, ... también con su propia arma, en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo. Casi al mismo tiempo, en Castellón, un policía nacional de 40 años, se mató con su pistola reglamentaria en los juzgados de la Ciudad de la Justicia.
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Aquel jueves negro, además de dejar conmocionado a todo un país por el parricidio, hizo aflorar, al menos por unas horas, una lacra que azota -habitualmente en silencio y con mucha discreción- a las fuerzas de seguridad del Estado. La tasa de suicidios entre la Policía y la Guardia Civil durante la última década supera en un 60% la media nacional, de acuerdo con los datos recopilados por este periódico en diversas respuestas parlamentarias del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
La tasa de suicidios en las fuerzas de seguridad entre 2013 y 2022 fue de 13,3 por cada 100.000 habitantes frente al 8,3 por cada 100.000 de la población general.
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Los resultados de los planes y programas del Ministerio del Interior, muy activo desde principios de siglo para intentar contener esta sangría, vienen siendo muy irregulares. Los dientes de sierra salpican las estadísticas y lo peor es que los propios expertos no saben explicar la causa de esos altibajos que no parecen responder a las campañas o planes antisuicidios.
El año pasado, según los datos todavía no oficiales, se suicidaron 13 guardias civiles y 8 policías nacionales. Son cifras algo mejores a las de 2021, cuando las tablas de Interior contabilizaron 15 agentes del instituto armado y otros tantos del CNP, pero en realidad esas estadísticas aparentemente halagüeñas en realidad están en la media de la última década: 11,4 guardias civiles y 9,3 policías suicidados cada doce meses.
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De hecho, las cifras de 2022 no son siquiera las mejores de los últimos años. En 2018, sin que nadie sepa dar razón del motivo, la Policía Nacional logró reducir los suicidios a 7, mientras que la Guardia Civil sorprendentemente en 2015 hizo caer los suicidios a solo 8 episodios. En ambos casos, luego se produjeron repuntes igualmente sin aparente explicación.
Entre 2013 y 2022 un total de 207 agentes del Ministerio del Interior se quitaron la vida, 114 de la Guardia Civil y 93 de la Policía Nacional. Esas mismas estadísticas, no obstante, revelan que el problema está algo más acentuado en la Benemérita, con una tasa de 13,9 suicidios cada 100.000 individuos frente a los 12,7 del Cuerpo Nacional de Policía.
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En sus respuestas parlamentarias e informes más recientes, el Ministerio del Interior insiste en que desde hace años se ha volcado en tratar de acabar con esta lacra. Ya en julio de 2018 la Guardia Civil puso en marcha un protocolo de actuación frente a conductas anómalas, hay un grupo de trabajo con las asociaciones profesionales para redactar una orden general. La Dirección General de la Policía en 2020 publicó el Plan de Promoción de la Salud Mental. En la Policía hay un Equipo de Intervención Psicosocial, que da servicio 24 horas todos los días del año. El listado de medidas que alega Interior es interminable. Pero el problema persiste.
«Hay que completar las Unidades Básicas Sanitarias a nivel periférico, incorporar los armeros a las plantillas, mejorar la selección y formación de los policías y revisar el Plan de Promoción de la Salud Mental», afirma Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
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«Es indispensable actualizar el protocolo antisuicidios ya que a todas luces está obsoleto. Es cierto que hay perfiles que no avisan ni se detectan rasgos que puedan indicar un problema, pero hay una mayoría que sí muestran esos síntomas y ahí es donde hay que trabajar para detectarlos a tiempo», denuncia por su parte Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil, la organización mayoritaria en la Guardia Civil.
«Es el gran drama oculto en la Guardia Civil. Una muerte cada 26 días. Llevamos años reclamando la externalización del servicio de atención psicológica, lo que facilitaría que los agentes pudiesen tratarse sin miedos», señala por su parte Pedro Carmona, portavoz de AUGC.
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