La Policía registra la Asamblea de Melilla por la trama de compra de votos

De acuerdo con estas mismas fuentes, esta operación, por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, está relacionados con la trama de la compra de votos a cambio de subvenciones públicas y de dinero en metálico desmantelada el pasado mayo por la Policía Nacional, que realizó diez detenciones. Entre los arrestados entonces estuvo el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-lal. Los agentes registraron la sede del partido en busca de documentación pero no dependencias municipales como sí ha sucedido este viernes.

De Castro, que ahora preside como independiente el Gobierno de Melilla tras ser expulsado de Ciudadanos, cuenta con cinco consejeros de Coalición por Melilla en su Ejecutivo, entre ellos Hamed Al-lal.

Según las investigaciones que inició la Brigada de Información la trama auspiciada por el partido de Mustafá Aberchán estaría detrás de la masiva solicitud de voto por correo en la ciudad: 11.707 peticiones sobre un censo electoral total de cerca de 55.000 inscritos, una proporción que prácticamente cuadruplicó la media del resto del país. Según las estimaciones de la Policía, cerca de 10.000 de esas solicitudes habían sido compradas por la trama.

La decisión de la Junta Electoral de Zona (JEZ) y la Junta Electoral Central (JEC) de exigir la identificación a todo el que registrara en las oficinas votos para la Asamblea de la ciudad hizo que finalmente la mitad de esas papeletas no acabaran en las urnas, pero aun así los investigadores calculan que cerca de 4.000 sufragios comprados sí que llegaron a computarse el 28-M.

El pasado 26 de mayo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encargó a Anticorrupción que asumiera la investigación sobre la trama de intento de compra masivo de votos. García Ortiz defendió dejar en manos la Fiscalía especial la investigación debido a la « gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político» de los hechos bajo sospecha por su «pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones del 28-M.

 

El decreto fiscal detalló entonces que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional «han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».

El máximo responsable del Ministerio Público precisaba que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».

«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma», abundaba el fiscal jefe.