La 'policía patriótica' del Gobierno del PP espió a 55 diputados de Podemos

Todo ello está recogido en la documentación enviada por Asuntos Internos al Juzgado Central de Instrucción número 5, a la que ha tenido acceso este periódico, en respuesta al requerimiento del juez, que el 27 de marzo pidió una relación de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a los ficheros informatizados durante esos dos años y que tuvieran por objetivo los nombres de los diputados 'morados' con el objetivo de recopilar información que pudiera dañar su reputación.

La querella de Podemos se admitió parcialmente en febrero. El magistrado, con el criterio favorable de la Fiscalía, centró la investigación en el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –que supuestamente daba cuenta regularmente de este espionaje a Fernández Díaz–, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos del Cuerpo por las presuntas «investigaciones prospectivas» y ajenas al control judicial.

El objetivo principal, sostiene el partido morado, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las «fuentes policiales» para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

La investigación corre en paralelo a la de la llamada 'Operación Cataluña', las investigaciones extrajudiciales y los montajes llevadas a cabo en el seno de la Policía Nacional a partir de finales de 2012, poco menos de un año después de la llegada de Rajoy a la Moncloa, para intentar desprestigiar, con pruebas reales o falsas, al independentismo catalán y en particular a CiU ante el temor de que el partido que entonces lideraba Artur Mas consiguiera mayoría absoluta en los comicios autonómicos e intensificara sus demandas independentistas al calor de la primera gran Diada separatista. Los documentos que obran en diferentes causas apuntan a que esta siguió activa hasta la segunda mitad de 2016, cuando fue desmantelada poco antes de la llegada al Ministerio del Interior de Juan Ignacio Zoido.