La Policía certifica que hubo «expulsiones forzadas» en el sumario sobre la 'limpieza étnica' de ETA

Este vasto informe policial, al que ha tenido acceso este periódico, acaba de ser incluido en el sumario reabierto el pasado febrero de 2023, por el asesinato el 4 de junio de 2000 de Jesús María Pedrosa, concejal del PP de la localidad vizcaína de Durango, tras una querella presentada por Dignidad y Justicia (DyJ) para determinar eventuales responsabilidades penales de diez integrantes de los antiguos comités ejecutivos de la organización armada, los «Zuba», por las «expulsiones forzadas» de miles de ciudadanos del País Vasco y Navarra por la amenaza y el hostigamiento violentos.

La organización de victimas reclamó a la Audiencia Nacional, que así lo acordó, la apertura de una pieza separada para investigarla existencia de esa presunta estrategia de ETA de «limpieza étnica», que podría haber provocado la diáspora de entre 60.000 y 200.000 personas, de acuerdo con el informe del Instituto Vasco de Criminología, que se incluía en la propia querella.

Dignidad y Justicia, en su demanda, situaba en la cúspide de esa estrategia de acoso y de amenazas a los no nacionalistas en el verano de 2000, cuando fue asesinado Pedrosa a: Ignacio Gracia, «Iñaki de Rentería»; Javier García, «Txapote»; Juan Antonio Olarra, «Jon»; Ainhoa Mugika, «Olga»; Asier Oyarzabal, «Baltza»; Juan Carlos Iglesias, «Gadafi»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Vicente Goikoetxea, «Willy»; Ramón Sagarzazu, «Ramontxo»; y María Soledad Iparragirre, «Anboto».

Y ahora, la Policía Nacional certifica que todos ellos, a los que el juez Alejandro Abascal ya investiga desde hace casi un año por esa «limpieza étnica», efectivamente habrían estado en la cúpula cuando se decidió presionar para la «expulsión» masiva de todos los considerados «españoles».

Según la Policía, entre finales de los 90 y principio de los 2000, la cúpula terrorista puso en marcha un «marco estratégico» consistente en una «campaña para socializar el dolor». Esta táctica –afirma el informe de la Policía- se basó en «un contexto persecutorio y de expulsiones forzadas de población por parte de ETA contra un grupo de población civil por su condición de español». Los servicios antiterroristas de la Policía precisan que ETA en aquellos años «no solo centraba su acción de modo general en lo 'no vasco' o 'no nacionalista vasco' presente en territorio vasco, sino en lo 'no vasco' que fuera 'español'».

El informe de inteligencia de la Policía Nacional entregado ahora al tribunal de la calle Génova insiste en que la ETA centró su «persecución» en el « grupo español presente en territorio vasco», bajo las acusaciones de «ocupadores y opresores de los vascos». Esa estrategia de acoso violento, afirman los mandos de la lucha antiterrorista, se desarrolló «muy particularmente contra los líderes políticos» de los partidos no nacionalistas, «en el intento de crear un clima general de miedo, en el cual la parte de la población no nacionalista se sintiese amenazada con una intensidad tal que decidieran renunciar al ejercicio de sus derechos y abandonase el País Vasco».

Para la Policía Nacional no cabe duda de que la banda intentó una limpieza étnica con el acoso y asesinato de círculos 'españolistas' de Euskadi y Navarra, como «líderes políticos, intelectuales, académicos, periodistas creadores de opinión social, líderes empresariales o líderes cívicos». «Al tiempo que procedía a la paralela eliminación selectiva de todos los mandos y efectivos que pudiera de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas (...) como forma de mermar la protección del grupo perseguido».

El objetivo final de ETA, sostiene la Policía, fue intentar ejercer el «control efectivo del territorio (...) hasta anular la propia presencia efectiva del Estado en amplias zonas». Lo que en última instancia –entendían los terroristas- daría lugar a la diáspora de los no nacionalistas.