Los poderes del Estado encaran un día de la Constitución envenenado por los disensos

Las escalinatas de la Cámara baja flanqueadas por sus dos leones de piedra congregarán este martes a los poderes del Estado en el tradicional acto de conmemoración del refrendo constitucional con una presidenta del Legislativo al frente, la socialista Meritxell Batet, con su autoridad cuestionada ante el ácido que destilan los debates parlamentarios. El señalamiento de Batet, bien por quedarse corta en la reprobación de exabruptos como el agravio machista de Vox a la ministra Irene Montero, bien por condescendencia hacia los excesos procedentes de los escaños del Gobierno y sus socios, mide hasta dónde se está elevando el listón del enconamiento partidario; este domingo mismo fue Isa Serra, dirigente del partido -Podemos- que cogobierna con el PSOE, la que cargó contra la presidenta del Congreso por afear a Montero que acusara al PP de «promover la cultura de la violación».

Batet, que previsiblemente trasladará a su discurso de este martes la apelación a la concordia que ha venido lanzando estos días en las jornadas de puertas abiertas en el Congreso, ejercerá de anfitriona en una ceremonia que reunirá al presidente Sánchez con el máximo responsable del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Rafael Mozo, y el del Constitucional, Pedro González-Trevijano. La coincidencia institucional se escenificará cuando el órgano de gobierno de los jueces y los dos principales tribunales del país se encuentran cada vez más maniatados por la ruptura entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ y el pulso de largo recorrido histórico por intentar controlar el TC, hoy de mayoría conservadora.

En el acto no estarán, en un plante convertido ya en tradición, los presidentes soberanistas de Cataluña y de Euskadi así como tampoco los socios -ERC, PNV y Bildu- que sostienen a Sánchez, en una estampa que ilustrará las dificultades para explicar sus pactos de legislatura. El cuadro de fricciones se redondea con la ausencia de Vox, señalado por la mayoría del Congreso como origen de conflictos. La ultraderecha no estará en el aniversario de la Constitución para no compartirlo «con quienes la violan».

La 44º celebración del hito constitucional tendrá que bregar, así, con un ambiente muy enrarecido en el que el Poder Ejecutivo aparece lastrado por las disensiones en el Consejo de Ministros entre el PSOE y Unidas Podemos y tropiezos en su agenda reformadora como el de la ley del 'solo sí es sí'; el Poder Legislativo se transforma en el teatro propicio para la polarización pleno a pleno; y el Poder Judicial afronta un desgaste inédito por la parálisis en la renovación del CGPJ, a la que no se ve salida cuatro años después tras la ruptura del PP con el PSOE por el pacto de Sánchez con Esquerra Republicana para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'. este domingo, la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, incidió en las acusaciones de «antisistema» contra los populares por incumplir el mandato constitucional, mientras Alberto Núñez Feijóo venía a devolver el reproche denunciando la sumisión, a su juicio, del Gobierno a un independentismo opuesto al orden que emana de la Carta Magna.

Fuentes del CGPJ consultadas asumen ya que las vocalías pueden prolongarse anormalmente durante una década -el doble de lo estipulado por la legalidad constitucional-, lo que supondría extender su interinidad, como pronto, hasta entrado 2024 si Sánchez mantiene su intención de celebrar las generales cuando toca, dentro de un año. Superan ya la setentena las vacantes en los tribunales -incluidos el Supremo y el Constitucional- provocadas por esta excepcionalidad. Excepcionalidad que se deriva de las trabas colocadas por el PP a la renovación desde el comienzo de la legislatura y que se ha visto agudizada por los cambios legales forzados por el Gobierno para desposeer al Consejo de su facultad de efectuar nombramientos y devolvérsela, luego, pero solo en el caso del TC con el objetivo de inclinarlo hacia una sensibilidad progresista.

El insólito «estropicio», en expresión del dimitido presidente del CGPJ Carlos Lesmes, se proyectará este martes, intensificado en sus perniciosos efectos, en la conmemoración constitucional. Primero, por otra anomalía, dado que el bloque conservador ha dilatado la designación de las dos magistraturas del TC que competen al Consejo, incumpliendo el mandato de las Cortes para que lo hiciera hace tres meses. Y segundo y aún más controvertido, por el golpe de mano protagonizado por Sánchez al no esperar al órgano de gobierno de los jueces, proceder por su cuenta a la designación de los otros dos futuros miembros del Constitucional que le corresponden y elegir para ello al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

La maniobra ha suscitado malestar en ambos lados del Poder Judicial y ha inoculado el virus de la división en el TC, donde una mayoría transversal ha frenado por ahora el examen de Campo y Díaz al que el tribunal debe proceder. Así, el máximo intérprete de la Constitución llega también herido al aniversario del marco de legalidad que ha de proteger.