Podemos propone castigar con cárcel los casos irregulares de 'puertas giratorias'

Según denuncia Podemos, tras la salida del PP del poder el pasado junio «se han registrado una treintena de casos en los que altos funcionarios del Gobierno se han saltado la legislación de incompatibilidades».

También, añadió Elizo, en estos momento 34 de las 35 empresas del Ibex 35 tienen políticos en sus consejos de administración. No obstante, y pese a la solemnidad de la presentación, el registro de la iniciativa no deja de ser un mero gesto a la galería, ya que la disolución del Parlamento anunciada por Pedro Sánchez para el 5 de marzo congelará la tramitación. La intención de Podemos es registrar de nuevo la proposición tras la constitución de las próximas cortes.

«Las llamadas puertas giratorias constituyen un instrumento potencialmente lesivo para el Estado cuando los cargos proceden o se trasladan a empresas concesionarias de obra pública, infraestructuras y servicios municipales», señala la proposición de ley, en una clara vinculación a este fenómeno con posibles casos de corrupción.

Para combatirlas, el partido de Iglesias propone una batería de medidas. Una de ellas es castigar con penas de prisión los casos irregulares más graves, en los que un exdirigente político pueda ser objeto de una recompensa por favores durante su desempeño público. Las condenas podrían variar entre los dos y cinco años de cárcel. Se trata, justificó la diputada, de una medida vigente en países del entorno europeo.

Otra de las propuestas estrella en la ley es la creación de una Entidad de Protección del Estado frente a la Corrupción (EPEC). Ésta, con plena autonomía orgánica y funcional en el desarrollo de su actividad, velaría por la separación de intereses privados y públicos, «garantizando la independencia de las instituciones del Estado de todo interés privado o individual».

La entidad tendría, además, potestad para imponer sanciones por iniciativa propia. De ella dependerá un portal de transparencia, como el que ya existe, o la Unidad de Protección del Estado frente al Mercado de Valores, cuyo cometido sería la supervisión de la neutralidad de las relaciones entre el mercado de valores y la esfera pública.