Podemos vuelve a recurrir al bloque de investidura para presionar al PSOE

Lejos de suavizar sus líneas rojas, Unidas Podemos volvió este jueves a recurrir a los partidos del llamado bloque de investidura –los que posibilitaron la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa en 2020– para presionar al PSOE con las dos cuestiones que considera claves en la negociación de los Presupuestos de 2022: vivienda y reforma fiscal. Los morados, como ya hicieron hace un año, se reunieron de nuevo en el Congreso con asociaciones de inquilinos y representantes de ERC, EH Bildu, Junts, Más País, Nueva Canarias, Compromís y la CUP para comprometerse a llevar al Congreso de los Diputados la semana que viene una Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda.La propuesta es una alternativa a la ley que los dos socios de la coalición mantienen encallada por falta de acuerdo.

La consigna que Podemos quiere trasmitir a los socialistas es clara, si no se aviene a aceptar una regulación en el precio del alquiler ni se impone un impuesto mínimo del 15% para las sociedades tendrán difícil que su proyecto de cuentas públicas cuente con el necesario apoyo de estos grupos, a los que sitúan en su órbita. Esta estrategia ya fue empleada en varias ocasiones cuando aún Pablo Iglesias ostentaba el liderato de la formación, en una doble función de Gobierno y oposición al mismo tiempo.

Pese a estas maniobras, a las que en Ferraz restan importancia y consideran una pugna de los morados por marcar su sello propio de cara a la segunda mitad de la legislatura, los dos socios son conscientes de que sacar adelante el borrador es vital. Esto permitiría a la coalición contar con un balón de oxígeno para cumplir el objetivo de agotar su mandato en 2023, algo que ningún otro Gobierno ha logrado hacer desde el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy (2011-2015).

El PSOE tenía previsto inicialmente llevar el proyecto al Consejo de Ministros del próximo martes para entregarlo dentro del plazo que marca la Constitución –la Carta Magna establece el 30 de septiembre como límite–. Así lo desveló la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, pero esta fecha causó «una gran sorpresa» en Podemos. La secretaria general del partido y también ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, advirtió el miércoles a los socialistas que el acuerdo «está lejos», pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le respondió que el borrador «estará en tiempo y forma».

Este jueves Belarra se reafirmó en que las posiciones en la negociación con el PSOE siguen «alejadas» y que, de momento, no hay resultados satisfactorios respecto a la reforma fiscal. «Es un tema que hay que abordar con urgencia y que necesitamos que forme parte de los acuerdos de los presupuestos», apuntó. Pero la postura socialista, encarnada en Calviño, sigue basándose en la necesidad de impulsar primero la recuperación económica antes de acometer cambios en el sistema fiscal que pudieran perjudicarla. Esperan retrasar esta reforma fiscal para las cuentas de 2023, una vez cuenten con el informe de la mesa de expertos.

En Unidas Podemos no están dispuestos a esperar un año más y utilizan como argumento de autoridad la regulación que prepara el presidente estadounidense Joe Biden en ese sentido. Tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como el secretario de Estado Nacho Álvarez (que encabeza el equipo negociador de los morados), aplaudieron en Twitter un mensaje del mandatario estadounidense que exigía a las «grandes empresas» pagar más impuestos. También recuerdan que un total de 130 países, liderados por la OCDE, dieron en julio su visto bueno a un pacto que incluía un impuesto mínimo de sociedades de «al menos el 15%».

No obstante, los dos socios coinciden en que acabaran alcanzando un acuerdo más tarde o más temprano. La propia Belarra reconoce que ha habido algunos consensos que han resultado difíciles, «especialmente en el último año», citando como ejemplos la subida del salario mínimo y las medidas para bajar el precio de la electricidad. La líder de Podemos espera que se produzca una situación similar y se consiga finalmente un consenso para recoger la reforma fiscal en los Presupuestos.