«La ley es igual para todos», defiende la ministra de Justicia

Tampoco el exmagistrado José Castro, que instruyó la causa por el Caso Noós, cree que Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristian hayan recibido «ningún trato de favor» en los tribunales. Castro afirma que el ex balonmanista tendrá que ingresar en prisión «sí o sí», ya que «ahora se trata de dar efectividad a una sentencia firme y la Audiencia de Palma no tiene capacidad de maniobra alguna». Explica el exmagistrado que «no cabe la suspensión de la pena, incluso aunque se dieran las circunstancias excepcionales, porque al ser una de ellas superior a dos años no se puede aplicar la suspensión de la condena».

Quien sí se muestra especialmente crítica con la sentencia es la izquierda política española, que pese a que el marido de la Infanta Cristina ingresará en la cárcel denuncia un trato de favor hacia el ex Duque de Palma.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirma que «la justicia sigue siendo muy desigual en España», y critica la dureza de la condena de Urdangarin: «Por hacer una letra de una canción y cantarla hay gente que está en prisión, y sin embargo él goza de notables privilegios».

Además, Iglesias sostiene que la condena a Urdangarin revela la «relación histórica» que existe, a su juicio, entre Monarquía y corrupción; una conexión que «no ayuda a la imagen de España». Según el secretario general de Podemos, «la imagen de la Monarquía asociada a la corrupción es una realidad en este país desde hace años».

La portavoz adjunta de Unidos Podemos Ione Belarra, por su parte, denuncia el «trato de favor» que ha recibido Urdangarin al no haber tenido que cumplir prisión provisional. «No podemos permitir una Justicia para ricos y otra para pobres», lamenta.

En la misma línea se posiciona el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón, que se refiere al «favoritismo» con el que la Justicia trata al marido de la Infanta Cristina, «a la Casa Real y a los Borbones». Garzón reitera que la Justicia «es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos», citando a Eduardo Galeano. Por último, recuerda que el ex Duque de Palma «ha robado seis millones de euros y ha sido condenado varias veces», y espera que ingrese en prisión «lo antes posible» para que se demuestre esa idea de que «la Justicia es igual para todos».

Desde Ciudadanos y el Partido Popular también valoran la sentencia a Urdangarin, en una línea similar. «Te llames Urdangarín o García, si has hecho algo fuera de la ley hay que pasar por la justicia», asegura Inés Arrimadas; mientras que el portavoz de la formación naranja en el Congreso Juan Carlos Girauta afirma que «todos, absolutamente, estamos sujetos al cumplimiento de la ley y a las decisiones de los tribunales».

Del mismo modo, su homólogo en el PP, Rafael Hernando, destaca que «nadie está exento del cumplimiento de nuestras leyes», y descarta que este episodio pueda empañar la imagen de la Monarquía, «una de las instituciones mejor valoradas por los españoles».

La portavoz del PP en el Parlament balear Margalida Prohens asegura que la orden de ingreso en prisión del ex Duque de Palma «reafirma que quien la hace la paga, sea de la familia que sea».

Entre el resto de los representantes regionales, la portavoz de la Generalitat catalana Elsa Artadi asegura que la operación polical de este martes por el censo del 1-O tiene la intención de opacar la sentencia del caso Noós. «Empieza a parecer ya una broma hacer coincidir registros cuando hay decisiones que tapar, como una sentencia contra la monarquía española», afirma; y añade que «viene siendo habitual que cada vez que hay una sentencia contra el Gobierno o la monarquía se intente tapar la noticia haciendo registros» en Cataluña.

El president de la Generalitar valenciana Ximo Puig asevera que «no se ha tomado la misma decisión, en términos jurídicos, para el caso Noós en València que en Mallorca», aunque en cualquier caso respeta la sentencia. «Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ellas. Lo que queremos es que se haga siempre justicia, y que aquellos que hayan estafado a los ciudadanos paguen, y que se les devuelvan los recursos».