Podemos se enroca en la ley del 'solo sí es sí' entre ataques de Iglesias a Díaz por «ponerse de perfil»

Díaz, enfrascada como cada viernes en la gira de Sumar –ayer llevó su proyecto político a la Comunidad Valenciana–, evitó poner de relieve cualquier brecha de la ley, como sí han hecho las ministras socialistas María Jesús Montero y Margarita Robles, además de los socios del Gobierno. La definió como «de extraordinaria importancia para el país» en el objetivo de «proteger a las víctimas y la defensa de la libertad sexual de las mujeres».

Díaz pidió «prudencia» y dejar trabajar al Tribunal Supremo. «En breves días tendremos algunas respuestas sobre estas cuestiones», zanjó. Sin embargo, y con la cautela que le caracteriza cada vez que surgen diatribas incómodas, no quiso entrar a valorar el trabajo de jueces y letrados en esta cuestión, al contrario que lo ha venido dictando el argumentario de Podemos durante toda la semana. «Doy por reproducida, como si fuera una sala togada, todas las respuestas a estas preguntas», esquivó. Con ello pensaba poner fin al creciente malestar que existe en la formación de Ione Belara por su silencio, solo dos semanas después de que Pablo Iglesias pidiera «respeto» para su partido.Sin embargo, la calculada intervención de Díaz no ha cumplido las expectativas del exvicepresidente del Gobierno, que ha ahondado, aún más si cabe, el abismo que hoy les separa.

Fuera de las disputas entre las confluencias de izquierda, ayer Podemos se atrincheró en su defensa de la ley desde el Ministerio de Igualdad, lugar donde fue concebida y redactada la norma, frente a los juristas y políticos que critican el texto y lo consideran responsable directo de la rebaja de condenas a abusadores que se vienen registrando en todo el país. La delegada del Gobierno para la violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, insistió en la «calidad» de la norma frente a la «simplista aplicación» que, en su opinión, muchos jueces están haciendo de ella.

Lo hizo con un tono más moderado que en los días anteriores y junto a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, se cuidó de añadir a esta tesis el adjetivo «machista», que tanto malestar ha causado entre las asociaciones de jueces, incluida a la que pertenece la propia Rosell, Juezas y Jueces para la Democracia. Ambas dirigentes aseguraron también que todo el Ejecutivo, presidente y ministros socialistas incluidos, están «a una» con esta ley. Por ahora, la coalición en conjunto aguarda «con paciencia» a que el Tribunal Supremo unifique criterios sobre las revisiones de condenas. La Sala Segunda podría resolver sobre los primeros casos en unas semanas.

En el centro del debate jurídico sigue estando la aplicación del artículo 2.2 del Código Penal, que consagra el principio de la retroactividad de las leyes penales que favorezcan al condenado. Rosell niega que haga falta añadir en la ley una disposición transitoria para limitar estas rebajas de condenas porque, afirma, «ya existe en todo el territorio nacional», en referencia a la que se incluyó en la reforma de 2015. Todo después de que los jueces estén aplicando la escala inferior para el nuevo delito de agresión sexual; una rebaja generada al unificarse en un solo delito los de abuso sexual y violación.

Por ello, Igualdad considera que no corresponde al Gobierno «corregir los errores de interpretación» que, a su juicio, se están produciendo en la aplicación de la norma. Una norma que, insisten, «no tiene lagunas» porque «presenta un cambio de esquema que hay que interiorizar».