El PSOE pende del PP para evitar que sus socios investiguen a Marlaska por Melilla

En el escrito remitido a la Mesa del Congreso, los firmantes resaltan la necesidad de «una investigación a fondo y con todas las garantías de protección hacia las partes» para aclarar y en su caso depurar «las responsabilidades de los hechos, pero también con la finalidad de encontrar mecanismos para la práctica y eficaz reparación de las víctimas, que todo sistema de justicia debe proveer de manera intrínseca». Es la segunda ocasión en la que los promotores de la petición la registran en la Cámara baja. En la anterior, presentada el pasado septiembre, PSOE, PP y Vox impidieron que saliera adelante.

El nuevo impulso a esta comisión llega después de que el pasado martes la cadena británica BBC emitiera un reportaje en el que mostraba cómo agentes de la Gendarmería marroquí trasladaban cadáveres desde el lado de la valla español hacia su territorio. También se acusaba al Ministerio del Interior de ocultar imágenes de las cámaras de vigilancia.

El programa de la BBC produjo una reacción inmediata tanto a la derecha como a la izquierda del PSOE, que está acorralando a Grande-Marlaska a uno y otro lado. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y compañera del titular de Interior en el Consejo de Ministros, insistió este jueves en que estamos ante «hechos gravísimos» que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias porque podrían suponer una severa violación de los derechos humanos.

Unidas Podemos ha dejado clara su posición crítica tanto con sus declaraciones como con el anuncio de la nueva comisión de investigación, por lo que el PSOE depende ahora del PP para salvar a su ministro del Interior de la fiscalización parlamentaria y en pleno ciclo preelectoral. Para evitar ese mal trago a Grande-Marlaska, los populares exigen su comparecencia parlamentaria y que se remitan al Congreso todas las imágenes grabadas del violento salto a la valla de hace cuatro meses que acabó en tragedia. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, incluso amenazó con acudir a la justicia si no se entrega toda la documentación a los diputados. La formación conservadora ya no descarta ningún paso si no obtiene respuestas satisfactorias.

Este jueves, Alberto Núñez Feijóo justificó el voto en contra a la anterior petición de investigación en que, entonces, el Ministerio del Interior ofreció de forma satisfactoria las explicaciones que se le solicitaron. Está por ver si ahora Grande-Marlaska consigue convencer de nuevo al PP. «Acaban de salir imágenes que aparentemente acreditan hechos muy graves», afirmó el líder de los populares antes de asegurar que su partido actuará con responsabilidad para que el Gobierno clarifique «si las de la BBC son imágenes reales» y «si se han arrastrado cadáveres desde Melilla a Marruecos». Feijóo llegó a apuntar directamente a Pedro Sánchez, al que reclamó que despeje si ocultó información sobre la muerte de los inmigrantes.

Ante el tenor que está adquiriendo la discrepancia con la oposición y a fin de frenar la comisión, Grande-Marlaska trasladó anoche que dejará ver los vídeos disponibles –sin copia– a la delegación de diputados que visitará este lunes Melilla, según relataron fuentes parlamentarias. Se trataría de las imágenes grabadas por varias cámaras fijas, un dron y el helicóptero de la Guardia Civil.

El posible derribo de un ministro clave podría inclinar al PP mover ficha y propiciar la comisión de investigación. No obstante, los populares deberían hacer un complicado juego de equilibrios para responsabilizar a Grande-Marlaska de la tragedia sin culpar a su vez a los efectivos de la Guardia Civil que participaron en el dispositivo.

La tragedia de Melilla amenaza con arrinconar a Marlaska, quien ya ha estado en sucesivas ocasiones en la picota esta legislatura por el espionaje con el sistema Pegasus, el despido del teniente coronel de la benemérita Diego Pérez de los Cobos o el acercamiento de presos etarras.

El titular del Interior defiende que la Guardia Civil actuó en todo momento en «la más estricta legalidad» y lamenta que «se hagan acusaciones de gran gravedad» sin pruebas. El Defensor del Pueblo ha denunciado ya que 470 subsaharianos fueron devueltos 'en caliente'.