Podemos atribuye el retraso en vivienda a «discrepancias» entre los ministerios socialistas

Los últimos avances se produjeron en diciembre, cuando la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el de la Presidencia, Félix Bolaños, acordaron «dar un empujón» a la ley tras dos años de fuertes divergencias en torno una norma que Podemos considera «clave» para la legislatura y sobre la que pesan 866 enmiendas.

Desde las filas socialistas y de los morados se empezó a trasladar a principios de año que la norma estaba ya «a punto de caramelo». Incluso el Gobierno pidió a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, habilitar el mes de enero –tradicionalmente sin actividad parlamentaria– para acelerar la tramitación de vivienda. Pero la cuestión no se llevó al pleno en dicha fecha.

En concreto, los socios de coalición pactaron, entre otras, las dos cuestiones que más les alejaban: el sistema de control de precios de los alquileres y las obligaciones que el texto impondrá a los grandes tenedores de vivienda, así como la definición de este colectivo.

Aunque en la formación que dirige Ione Belarra se muestran «esperanzados» después de la última reunión con los socialistas, en el departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, donde ahora se encuentra el articulado, se estudia con lupa la letra pequeña de la norma. «Detalles muy técnicos», explican desde el grupo parlamentario de UnidasPodemos, relativos a las viviendas que entrarán en el mercado del alquiler y antes no estaban, los índices de referencia autonómicos para las zonas consideradas«tensionadas» o los beneficios fiscales a los que se podrán acoger los pequeños propietarios.

De momento la sensación que reina en la negociación es la de calma tensa. «Lo último que nos trasladó el PSOE sonaba muy bien, que estamos cerca de tener ley. Pero fue un traslado verbal. Así que estamos a la espera de ver cómo se concreta eso negro sobre blanco en las enmiendas», responde Echenique al ser preguntado si este nuevo retraso no amenaza con descarrilar otra norma del programa común de coalición, como ha ocurrido con la ley de bienestar animal, por ejemplo.

En este estado de espera también se encuentran Esquerra y EHBildu, dos actores clave que han participado activamente en la negociación de la ley. El diputado del grupo independentista vasco Oskar Matute advirtió la semana pasada al Gobierno que los votos de su formación son «imprescindibles» para que la ley salga adelante. «Si no cuenta con nuestro apoyo, no habrá ley; y si quieren que haya ley, debe incluir nuestra posición», zanjó, aunque sin dar más detalles.

Esta semana, «seguramente el martes» –señalan los morados–, se producirá una reunión «fundamental» para que todas las partes trabajen sobre un borrador de acuerdo. El objetivo pasa por elevar la cuestión al pleno del Congreso en marzo. Siempre, claro, que las conversaciones no se tuerzan.