Podemos aprieta y registra una ley para crear una empresa pública de energía

La continua subida recibo de la luz lleva camino de amargar el inicio del curso político al Gobierno. Las explicaciones de Pedro Sánchez, de la vicepresidenta Teresa Ribera y los ministros son agua en un capazo ante las exigencias de la oposición y la rebelión de los morados. El nerviosismo empieza a cundir en las filas socialistas porque es un asunto de alta sensibilidad para su electorado, amén de la imagen de impotencia que despide el Gobierno para atajar el problema.

El malestar en la Moncloa con la actitud de Unidas Podemos y su amenaza de lanzarse a la calle para protestar contra la subida de la factura eléctrica, se agudizó ayer con la presentación de una propuesta parlamentaria para crear una compañía pública de energía, que tendría entre sus objetivos «implementar una rebaja de la factura de la luz y trabajará de forma coordinada con las empresas públicas municipales ya creadas (en Barcelona por ejemplo) o que se puedan crear en el futuro para la comercialización y la gestión de su propia energía». El socio menor del Gobierno recuerda que en España apenas el 5% de la energía proviene del sector público y subraya que varios países de la Unión Europea, cita a Italia, Francia, Países Bajos y Austria, cuenta con compañías energéticas públicas.

Ribera ha descartado esta alternativa porque no supone ninguna garantía para controlar los precios de la energía. La ministra de Hacienda se quejó ayer en RNE de «la incomprensión entre nuestros propios socios de Gobierno». María Jesús Montero reprochó a sus compañeros de Consejo de Ministros que «no es coherente» formar parte del Gobierno y al mismo tiempo estar «alentando a los ciudadanos» a que se sumen a las protestas en la calle. El ministro de la Presidencia también lamentó la respuesta de Podemos porque ante las dificultades no caben «las deslealtades entre socios». Félix Bolaños, además, se mostró decepcionado por la respuesta, a su entender, simplista de los socios de coalición y apeló a la máxima de que «los problemas complejos no tienen soluciones sencillas».

Un reproche que no gustó nada en Unidas Podemos y su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, recordó que han puesto soluciones técnicas sobre la mesa pero que han sido desechadas. Se refería a la propuesta de poner topes a los precios de la energía nuclear y la hidroeléctrica. Apuntó, además, que es «compatible» gobernar y protestar en la calle. Sin ir más lejos, ahí están las manifestaciones del 1 de mayo y del 8 de marzo a las que el PSOE se suma todos los años. Y despejó con un balonazo las menciones a la falta de lealtad porque entendía que Bolaños se refería a la oposición.

El PP no se anduvo con estas sutilezas de matiz y arremetió contra el Gobierno de Sánchez por «subir» el precio de la luz. En realidad, el Ejecutivo no fija el precio de la electricidad, se negocia cada día en un mercado mayorista europeo en función de la demanda de cada país y la disponibilidad energética. Pero la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamada, afeó al Gobierno que pretenda «reírse de los españoles» al culpar a su partido o «a los Reyes Católicos» de la escalada. Señaló que su partido ha propuesto a Ribera eliminar de la factura «los costes no energéticos», por ejemplo el impuesto sobre la producción de electricidad, con lo que se abarataría la factura en torno al 20%. Pero, se lamentó, no han recibido respuesta.

El PP cree que ha encontrado un filón para desgastar a Sánchez con el recibo de la luz porque la subida repercute en todos los ámbitos sociales y económicos. Demuestra además, según el partido de Pablo Casado, que «la recuperación justa» de la que hace gala el presidente del Gobierno es «una falacia». Tras pinchar en hueso con la evacuación de Afganistán o con la campaña de vacunación, resueltas por el Gobierno con buena nota, el PP ha enfilado sus baterías hacia la factura eléctrica para desmontar el panorama optimista que ha dibujado el presidente del Gobierno.

En la Moncloa asumen que su posición es delicada porque es difícil que las explicaciones de las medidas adoptadas lleguen al ciudadano. Es un asunto «complejo y de difícil comprensión» y, encima, afecta a todos bolsillos, admiten los socialistas.