Iglesias mantiene el pulso y condiciona los Presupuestos a la regulación de los alquileres

La cuestión no formará parte de los Presupuestos desde el punto de vista técnico y se desarrollará, si no hay cambios, mediante una ley de vivienda a la que ambos partidos se comprometieron en el acuerdo de coalición. De hecho, el Ministerio de Transportes, que dirige José Luis Ábalos, ya se encuentra trabajando en su desarrollo.

Pero a partir de ahí, se acaba el entendimiento. Desde el ala morada del Gobierno han presionado durante las últimas dos semanas para que la reforma de los alquileres se apruebe «urgentemente», mientras que el PSOE considera que las diferencias «tienen más que ver con los ritmos de la puesta en marcha de la iniciativa que con los contenidos», reconoció el pasado martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También es público que los términos que propone Unidas Podemos para incluir en el proyecto no son del agrado del Ministerio de Economía.

Por eso los de Iglesias decidieron elevar este viernes la presión y formaron frente común con la mayoría de partidos que componen el llamado bloque de la investidura, a excepción del PNV. Esquerra Republicana, EH Bildu, Compromís, Más País, BNG y la CUP se alinearon con los morados en un manifiesto en el que expresaban su apoyo a la petición del Sindicato de Inquilinos, respaldada también por 9.000 colectivos, que demandan al Ejecutivo esta normativa a nivel estatal, basándose en una ley similar vigente en Cataluña desde septiembre.

El órdago tiene dos lecturas, si el PSOE se aviene a acelerar la regulación del precio de los alquileres, Unidas Podemos le asegura el 'sí' de todas estas formaciones para salvar las cuentas públicas en el Congreso. Y, por otro lado, también sirve a los morados para alejar a Ciudadanos de la cuestión presupuestaria. La propia Montero ya reconoció en septiembre que «hay un 20% del texto que quedará sujeto a la consideración de distintos grupos políticos» a fin de recabar los máximos apoyos posibles a un texto elaborado por un Gobierno en minoría parlamentaria.

Este viernes por la tarde, la ministra de Hacienda volvió a reunirse con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que negocia los Presupuestos en nombre de Unidas Podemos. Ambos abordaron los «flecos» que quedan pendientes en el texto, es decir, la agilización del Ingreso Mínimo Vital; la carga fiscal a las rentas más altas a través de una subida del IRPF y del impuesto de sociedades; y el cambio de criterios para el IPREM (el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos). Asuntos con los que ambas formaciones comulgan, pero que en esta recta final se han convertido «en una cuestión de números», como revelan fuentes cercanas a la Vicepresidencia Segunda.

La intención de los socialistas es que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros el próximo martes para que pueda empezar su tramitación en el Congreso lo antes posible. La Moncloa quiere reeditar la foto que Sánchez e Iglesias protagonizaron en octubre de 2018, cuando llegaron a un acuerdo presupuestario (que fue rechazado por la Cámara baja por la negativa de Esquerra a respaldarlo). Pero si no se avanza en la cuestión del alquiler, la posibilidad que gana enteros consistiría en convocar un Consejo de Ministros extraordinario, previsiblemente el viernes.