El anuncio de Podemos de que se acogerá a la herramienta de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de la mitad de su plantilla y obligará a cerrar nueve de sus sedes territoriales vuelve a poner de manifiesto la dificultad ... de los partidos políticos para sobrevivir a los reveses electorales, más aún cuando conllevan una reducción de sus subvenciones públicas.
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El de la formación morada no es ni mucho menos un caso particular. En el pasado más cercano figura la decisión de Ciudadanos de no presentarse a las generales ante la imposibilidad de sufragar su campaña electoral, un punto final para los liberales que tuvo su origen en el rechazó de Albert Rivera a formar Gobierno con Pedro Sánchez tras las primeras generales de 2019. Hace dos semanas la formación que Rivera encumbró a tercera fuerza política abandonó su icónica sede nacional en la madrileña calle de Alcalá ante la imposibilidad de afrontar su alquiler.
PSOE, PP y IU también han sufrido las vicisitudes de sus descalabros en el pasado. Izquierda Unida se vio obligada a vender su sede al Ayuntamiento de Madrid en 2020, y aún así su deuda sumaba después más de seis millones de euros.
Los datos ofrecidos por la dirección de Podemos hablan por sí solos. Tras los pésimos resultados en las municipales y autonómicas de mayo y las generales de julio la formación morada ha sufrido una caída de ingresos del 70% a nivel estatal y del 90% en el ámbito territorial. La necesidad de la formación morada de acudir a un ERE es doblemente dura de puertas hacia dentro y llamativo hacia fuera. El partido morado siempre ha defendido la vulnerabilidad de los trabajadores frente a la patronal, pero ahora se ve impelido a adoptar medidas drásticas, mientras sus adversarios recuerdan sus acusaciones contra los empresarios.
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A favor de Podemos juega el haber renunciado desde sus inicios a los préstamos bancarios. Su primera campaña electoral, la de las europeas de 2014, se hizo sin recursos y con Pablo Iglesias subido en los mítines a una mesa en lugar de lo alto de un escenario, como recuerda un exdirigente del partido y miembro del equipo fundador. En aquellos comicios, Iglesias y los suyos dieron la campanada al obtener cinco eurodiputados y más de 1,25 millones de votos, un resultado que les abrió la puerta a las suculentas subvenciones electorales y les permitió despegar, aunque aún con una pequeña plantilla formada principalmente por un puñado de jóvenes universitarios movidos por el impulso del 15M.
Para la campaña de las generales de diciembre de 2015 Podemos ya había creado y engrasado una estructura interna gracias a sus nuevos recursos económicos. Tanto que alquiló una sede frente a la madrileña Plaza de España. Iglesias, Íñigo Errejón e Irene Montero pasaron de tener que subirse a un pupitre para que se les escuchara a viajar por toda España en un autobús tuneado de morado rodeado de asesores y con escenarios como el que ya estrenaron en la masiva concentración de la Puerta del Sol de enero de 2015, un momento en el que Podemos llegó a encabezar las encuestas e Iglesias figuraba como el líder más valorado.
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La opulencia ha llegado a su fin en 2023. Podemos cierra sus sedes en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana. Salvo un exiguo representante en Asturias, Baleares y Aragón, en las otras comunidades la formación morada no ha obtenido diputados autonómicos y, por tanto, se queda al margen de las subvenciones públicas que las sostenían y con el debe de los gastos electorales en su haber. La puntilla a las finanzas de los morados llegó menos de un mes después con sus apenas cinco diputados dentro de los 31 que formarán el grupo parlamentario de Sumar, en el que quedan subsumidos a la dirección de Yolanda Díaz, tanto en lo político como en lo económico.
Atrás quedan los tiempos en los que Iglesias, Errejón y Carolina Bescana se permitían publicar un vídeo en el que los fundadores del partido presumían en torno a una mesa de coger los teléfonos en persona para las donaciones de sus simpatizantes. Ninguno de los tres forma parte ya de la dirección de un partido en serio peligro de caer en la ruina.
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En cada elección los partidos no solo se juegan la preponderancia de su ideología, sino también el acceso a los fondos públicos con los que, según sus resultados, son recompensados en función al número de escaños y votos que obtienen a nivel nacional o autonómico. La diferencia entre pervivir o no en la jungla de la política está marcada por la capacidad de cada una para acceder a esas subvenciones. PSOE y PP lo tienen fácil dados sus precedentes históricos y el apoyo de su militancia.
Otros partidos como Ciudadanos, Podemos o Vox no lo tuvieron tan fácil para dar el salto al panorama nacional y debieron ajustarse los cinturones a presupuestos exiguos. «En nuestros comienzos nos alojábamos en lugares donde había que colocar una silla contra la puerta para dormir tranquilos», recuerda un alto cargo de uno de los partidos nacidos al albor de la crisis económica de la década pasada. Desde otra de las formaciones considerada en su momento como emergente una dirigente involucrada en su fundación destaca cómo la falta de financiación truncó opciones semejantes que podrían haber fructificado antes.
Las penurias económicas de los partidos se aparcan una vez que se logra representación parlamentaria, sea a nivel nacional o regional. Según detalla la Ley Orgánica del Régimen Electoral, cada partido obtiene 21.167 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o en el Senado. A modo de ejemplo, el PP cuenta desde el 23-J con 137 diputados y 120 senadores, lo que le supone de por sí un desembolso de casi 5,5 millones de euros. El PSOE, a su vez, recibirá otros 4 millones de euros. Sumar y Vox, sin representación vía electoral en el Senado, se quedan en menos de 700.000 euros.
A estas cuentas hay que añadir aún 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos para el Congreso, lo que supone cantidades millonarias para los grandes partidos y un desahogo parcial para Vox y Sumar. Las ayudas públicas varían a nivel autonómico. Se paga desde 11.000 a 22.000 euros por cada escaño conseguido. Canarias es la que más paga mientras Cantabria se sitúa a la cola.
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