PNV y Junts facilitan que el Congreso pida la detención de Maduro

El ejecutivo de Sánchez continúa sin asumir ese reconocimiento del líder opositor -frente a parte de la comunidad internacional que sí lo hace y a la que acaba de sumarse Estados Unidos- aunque lo acogió en el septiembre ante el riesgo que corría su integridad en Caracas y después de que éste recibiera presiones, según denunció él mismo, de dirigentes del régimen que lo visitaron en la Embajada española donde se había refugiado. El episodio ya generó una agria polémica entre Exteriores y el PP, a lo que se añade el largo distanciamiento entre socialistas y populares por el controvertido papel de mediación que viene desempeñando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este cóctel hace poco menos que imposible que el Gobierno haga suyo el pronunciamiento aprobado ayer por la mayoría del Congreso, alternativa en este caso a la del Ejecutivo.

La proposición no de ley del partido de Alberto Núñez Feijóo exige al gabinete Sánchez que se dirija a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para requerir avances en la democratización de Venezuela, con la petición central de que proceda al arresto de Maduro y otros cargos chavistas por crímenes de lesa humanidad. Junto a ello, la iniciativa requiere del Gobierno español un comunicado público para «el cese inmediato» de la represión en el país y la liberación de todos los presos políticos, además de dar un mes al Ejecutivo para que presente un informe sobre las actuaciones realizadas por la Embajada en Caracas en «defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles víctimas» de esos «crímenes de lesa humanidad». El PP ha accedido a que se votara su propuesta por puntos, con lo que el más votado, al sumar el apoyo del PSOE, ha sido el que respalda los dictámenes de la ONU que constatan las «graves violaciones» de las libertades en el Estado chavista.