El PP plantea cortar los recursos a los partidos que sostengan a condenados por rebelión

El texto, que pretende modificar el artículo 3 de la norma en su apartado cinco, recoge la posibilidad de «suspender temporalmente o limitar de forma parcial» las subvenciones concedidas a un partido cuando sus dirigentes, candidatos, cargos electos o, incluso, afiliados hayan sido condenados por un amplio abanico de delitos que aparecen contenidos entre los Títulos XXI y XXIV del Código Penal. La sanción dependerá de que así lo acuerde el Consejo de Ministros a propuesta de Interior o a instancias del Congreso o el Senado, y sólo podrá ser impuesta, y esto es relevante, en caso de que la organización política no haya emprendido ya medidas para expulsar a los afectados por la sentencia.

En realidad, el PP va mucho más allá del tipo penal de rebelión que se atribuye al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los exconsejeros que impulsaron el proceso independentista. Los populares hablan de restringir la financiación a los partidos que sostengan a condenados por delitos contra la Corona, las instituciones del Estado y la separación de poderes, por ultrajes a España, atentados contra la autoridad, resistencia y desobediencia, desórdenes públicos o terrorismo.

En todos esos casos, los populares consideran que se trata de las «afrentas más graves a la Constitución» y no ocultan que la iniciativa surge como reacción al proceso secesionista. «Se hace necesario –reza el documento– poner el foco en quienes, valiéndose de las instituciones y los partidos, pretenden socavar los cimientos de la democracia y de la soberanía nacional».

El PP sustenta, además, la reforma en la conveniencia de articular una respuesta frente «al auge de cualquier movimiento que, desde dentro de un partido, proteja, ampare y financie a individuos» que actúen contra la Constitución, la paz, el orden público y la seguridad. En las últimas semanas, fuentes populares han mostrado precisamente su malestar por el apoyo de Quim Torra a los Comités de la Defensa de la República y han señalado a la CUP como posible objeto de ilegalización por «alentar» la violencia en Cataluña.

La modificación legal, sin embargo, no prosperará si el partido de Pablo Casado no obtiene en la Cámara baja suficientes respaldos y la tarea es complicada. Por las suspicacias que puedan surgir, los populares ya anticipan la razón por la que su iniciativa no habla de qué hacer con las formaciones con condenados por corrupción. Recuerdan que el Gobierno de Mariano Rajoy ya impulsó la reforma de la ley de partidos para que en su artículo 3 se obligue a las organizaciones políticas a expulsar a los sentenciados por este tipo de delitos.