'Piolín', secreto de Estado

Los intentos del Congreso y, sobre todo, del Senado por conocer detalles sobre la denominada 'operación Copérnico' están encontrándose con la misma respuesta estereotipada: materia secreta. Según la decena de documentos en poder de este periódico remitidos a la Cámara alta, el Ministerio del Interior y Moncloa de manera invariable están respondiendo a las preguntas parlamentarias que el Ejecutivo ha decido que todo lo que tienen que ver con el despliegue en Cataluña se acoja al «acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986», que permite al Gobierno, de manera discrecional, otorgar a «determinados asuntos y materias» la «clasificación de reservado», en tanto en cuanto se trate de «planes de seguridad de instituciones y organismos públicos».

Los documentos del Ejecutivo insisten en negar cualquier información al considerar que el «planeamiento, preparación o ejecución» del dispositivo policial en Cataluña afectan a la seguridad nacional y que, por lo tanto, tiene el derecho de hurtar al Parlamento todos los «documentos, acuerdos o convenios» relativos a esta operación que, según fuente siempre no oficiales, ha provocado el traslado a Cataluña de cerca de 6.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados fuera de esa comunidad autónoma, a los que hay que sumar otro número similar en plantilla en Cataluña.

«La difusión de la información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas reflejadas en los planes de seguridad (de la 'operación Copérnico') además de vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a la eficacia de los mismos», zanja el Ejecutivo en sus 'no respuestas' oficiales al legislativo.

Las preguntas en el Senado, sobre todo de PDeCAT y Podemos, que, por el momento, han quedado sin respuesta son, entre otras: «¿Quién dio órdenes de golpear y maltratar a los ciudadanos el 1-O?»; «¿Qué coste económico total ha tenido esta operación de despliegue policial y militar en Cataluña?»; «¿Cuántos agentes se han hospedado en los cruceros destinados a sitiar la ciudad de Barcelona?»; «¿Cuánto ha costado a Interior cubrir con lonas los dibujos de Piolín y Silvestre en el ferry?»; «¿Cuántos efectivos policiales y de la Guardia Civil se han desplazado estos días desde el resto de España hacia Cataluña?»; «¿Qué costes suponen a las arcas públicas la cancelación o postergación de los permisos y vacaciones de los agentes?»; «¿Qué modalidad de contratación ha sido utilizada por el Ministerio del Interior respecto a los ferris para alojar a agentes de las fuerzas de seguridad desplazados a Cataluña?»; «¿Qué número de agentes y cuáles han sido los costes de personal que ha supuesto la movilización y despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?»; o «¿Cuál es el desglose por partidas del gasto que ha supuesto el operativo de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña?».

En teoría, la decisión de considerar «materia reservada» el despliegue policial en Cataluña podría abrir la posibilidad de que este operativo pudiera ser pagado con fondos reservados. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior aseguran de manera tajante que todo el despliegue está saliendo de «créditos extraordinarios» que Hacienda ha venido concediendo al departamento que dirige Juan Ignacio Zoido desde que comenzara la crisis catalana.

Las cifras conocidas hasta ahora del coste de la 'operación Copérnico' son muy parciales. Según informó 'El Español', poner en marcha el despliegue costó 31.776.643,41 euros, aunque esa cifra ya se ha superado con creces. Ese montante se reparte en 20,4 millones de euros en sobresueldos por productividad y dietas extras a los policías (11,2 millones) y guardias civiles (9,2 millones) trasladados a Cataluña en primera instancia.

Otros 11, 2 millones vienen de las compensaciones por las jornadas maratonianas de la plantilla destinada allí, del alquiler de los tres barcos (dos en Barcelona y uno en Tarragona) y del pago de los primeros alquileres de los hoteles en que se albergaron los funcionarios, muchos de los cuales tuvieron que ser abandonados por las movilizaciones de los ciudadanos y coacciones de los hosteleros tras las cargas del 1-O.